Abusadores y violadores de niños y niñas libres por mano de un ministro. Autores de crímenes de lesa humanidad también libres por la misma mano. En ambos casos, por el criterio de esa autoridad, que estima que rebajarles sus penas es una obligación legal. 
Salvo los más furibundos partidarios del gobierno y una minoría del país, pocos comparten esa decisión. Los partidarios, encabezados por el propio Presidente de la República, creen que se trató nada más que de la aplicación de la ley. Ello, a pesar de que el mismo mandatario puso la cara durante la semana y asumió que se trató de un error, empero, aquello no trajo consigo ninguna consecuencia. Así, estima el Presidente, que ese reconocimiento basta para que el ministro siga adelante con sus tareas, por lo cual todo lo demás sería nada más que el típico acto de la política, que no entiende razones. Es posible estimar que es tal el convencimiento de aquello por parte de Kast, que ha estado llamando a parlamentarios de su sector para persuadirlos de que no apoyen la anunciada acusación constitucional en contra de Rabat, -según reportan distintos medios, alertados por funcionarios de gobierno-.
Así, mientras el Presidente ocupa su tiempo en esos telefonazos, nadie sabe si alguien del gobierno ha tenido siquiera la deferencia de comunicarse con las familias de las víctimas. A su turno, el millón de desempleados espera que el Presiden se ocupe de ellos; lo propio las víctimas de la delincuencia que, aunque ya no es asunto principal de noticias en la televisión, sigue afectando a muchos chilenos y chilenas. Y qué decir de los pensionados y ahorrantes del fondo E, que por supuesto ni sueñan con que el gobierno se ocupe de ellos. Mientras, don Francisco saca la voz para decir que es necesario extender la edad de jubilación.
Así está Chile y su gobierno, y eso nos comienza a pesar. De eso más en la presente Hora Crítica.