“Yo que crecí con Videla”, cantaba Charly García. A este lado de la cordillera crecimos con Pinochet. Aquí o allá, la vida bajo una dictadura te marca de modo irreversible, pues debes resistir y en muchos casos sobrevivir. Aquella experiencia personal, sin embargo, es capaz de forjar y aquilatar una ética de la vida y de respeto por los semejantes.
Esa cultura está asentada y es parte de quienes se opusieron a los militares.
¿Podemos decir lo mismo de quienes les dieron sustento, apoyaron y defendieron?
Ciertamente, es difícil afirmarlo. Pero por qué esta interrogante en este momento. Pues porque entre quienes actuaron de ese modo en favor de Pinochet se encuentra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos (parece un chiste de muy mal gusto), Fernando Rabat, hasta antes de ayer uno de los más desconocidos del gobierno del Presidente Kast, pero cuyo conocimiento en la opinión pública se ha extendido en estas últimas horas por haber firmado 56 decretos que permitieron la rebaja de penas a violadores y abusadores sexuales de niños, así como a dos condenados por crímenes de lesa humanidad.
Se trata de un cuestionable proceder, el cual, sin embargo, el señor Rabat ha defendido (incluso afirmado en la televisión que volvería actuar del mismo modo), amparándose, según él, en su irrestricto respeto a las leyes y la Constitución.
Examinar la actuación de Rabat en el presente no es posible sin tener a la vista que, en su calidad de abogado, defendió a Augusto Pinochet junto a Pablo Rodríguez Grez. 
Y si bien como abogado Rabat tenía derecho a defender a quien le parezca, no solo en razón de esa condición, sino también -se entiende- por convicción, dado que su defendido era a todas luces el responsable de la dictadura y todas sus fechorías, en su condición de ministro de Estado debió ponderar debidamente estos casos, revisando las opciones que la ley que dice respetar le permitían. Y a la luz de los hechos, de las explicaciones de distintos juristas, así como también de la misma jurisprudencia a la que alude, Rabat tenía la opción de proceder de otro modo, pero, deliberadamente, con pleno conocimiento de las alternativas legales, optó por permitir la rebaja de las penas. 
En efecto, desde 2022 existe una legislación cuyo propósito es impedir que condenados por los más viles delitos accedan a rebajas de penas. Sin embargo, las cortes habían fallado a favor de estos cuando se trataba de casos anteriores a esa fecha, permitiéndoles el beneficio, mediante la vía del recurso de amparo. Rabat ha sostenido que, en razón de ese proceder de la justicia, acogió esas 56 causas y firmó los decretos, lo cual derivó en que dichos criminales accedan a la libertad, afirmando que su decisión se basa en una jurisprudencia, es decir, en una decisión similar y/o única y permanente de las cortes.
Sin embargo, no existe tal jurisprudencia ni es dable afirmar aquello pues, precisamente, los fallos de las cortes en esta materia, especialmente en el último tiempo, han sido en sentido contrario a los amparos, negando el beneficio a violadores y abusadores de niños. Lo anterior se debe a que en la administración anterior se negaron las peticiones, lo que llevó a los abogados defensores a recurrir de amparo, a partir de lo cual las cortes comenzaron a rechazar los mismos: ha habido fallos recientes en esa línea, que echan por tierra el argumento del ministro Rabat en orden a que se asentó una jurisprudencia, lo cual pone en cuestión su argumento de que se sujetó a la ley y la Constitución.
Entonces, las víctimas de esos criminales, y la ciudadanía en general, merecen otra explicación del ministro Rabat respecto de por qué, a pesar de la existencia de dichos fallos, igualmente optó por poner su rúbrica a los decretos. Es más, la contumacia con que ha repetido que solo cumplió la ley, a la luz de la evidencia disponible en los medios de prensa, agrava su actuar, extendiendo esta responsabilidad a otros integrantes del gobierno, como la ministra de Desarrollo Social, que suscribió públicamente esa tesis y, muy particularmente, al celebrado nuevo vocero de gobierno, el subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, cuya primera vocería fue para afirmar que la publicación del medio Interferencia, que reveló estos 56 casos, fue “malintencionada”. 
Lamentable debut del vocero, lamentable gestión del gobierno en esta nueva crisis y, muy especialmente, lamentable proceder del ministro Rabat, cuyo futuro como tal queda en absoluto entredicho. 
De esto y por supuesto del descalabro del fondo E en esta edición de Hora Crítica.