Las catástrofes naturales en Chile no solo ponen a prueba la infraestructura y la resiliencia de las comunidades, sino que desnudan con brutal crudeza el sesgo económico y de clase que tiñe nuestro complejo tejido social. La dolorosa espera de seis días para decretar el estado de catástrofe tras el temporal en la Región de Coquimbo en julio, contrasta duramente a las cinco horas que tardó el Ejecutivo en responder al aluvión en San Carlos de Apoquindo, e instala una pregunta ineludible: ¿opera el Estado con una vara distinta según quién sea el afectado por el desastre?
Las cifras oficiales de ambas tragedias exhiben contrastes que hablan por sí solos. En Coquimbo, un sistema frontal dejó víctimas fatales, miles de damnificados, viviendas destruidas y localidades aisladas, obligando a los habitantes a resistir casi una semana en la incertidumbre antes de ver el despliegue extraordinario de recursos que habilita la ley, para comenzar recién a evaluar posibles soluciones. En contraste, en el sector oriente de la capital, la respuesta institucional se activó en cuestión de horas y, en un par de días, ya se habla de comenzar la limpieza definitiva, mientras al mismo tiempo se refuerzan gestiones para evitar que la situación vuelva a repetirse.
Frente a los cuestionamientos, las autoridades han intentado blindar la gestión apelando a factores técnicos. Desde el Ejecutivo se ha argumentado que las emergencias no son estrictamente comparables, apuntando a diferencias jurídicas —como el uso de estados de excepción frente a declaraciones de zona afectada—, además de esgrimir escollos geográficos, de conectividad y de capacidades municipales. Incluso, desde el gabinete, se ha deslizado un argumento pedagógico: las crisis previas habrían dejado "un aprendizaje" que hoy permite actuar con mayor celeridad.
Sin embargo, atribuir la asimetría únicamente a la geografía o a un tardío ejercicio de optimización administrativa resulta, como mínimo, insuficiente. Si bien las dificultades de acceso en regiones son reales y la conectividad periférica impone desafíos logísticos complejos, la velocidad de la firma presidencial expone un sesgo estructural profundamente arraigado en la política chilena: el centralismo de la urgencia. Cuando el drama se esconde en las regiones y lo vemos por televisión, los plazos burocráticos se estiran al ritmo de lo que demore el despliegue de ministros en el territorio para comprobar la tragedia in situ, como si el testimonio de pobladores y autoridades locales fuera insuficiente o sospechoso. Pero cuando la emergencia ocurre en el barrio propio, o en el de los amigos y familiares, el Ejecutivo sintoniza de inmediato con la gravedad del dolor ciudadano y no necesita el doble o triple chequeo para evaluar la catástrofe.
Ojo que tampoco vemos a ninguna autoridad cuestionando seriamente por qué hay viviendas e infraestructura crítica emplazada en una zona de alto riesgo, sino por el contrario, somos testigos perplejos de como la autoridad comunal y regional exponen soluciones para generar habitabilidad en vez de erradicar o desalojar estos territorios invocando la seguridad.
La eficiencia demostrada en Las Condes es el estándar que debe regir, por principio de equidad republicana, para cualquier rincón de Chile que enfrente la furia de la naturaleza. Porque cuando un Estado tarda seis días en socorrer a sus ciudadanos en regiones y cinco horas en hacerlo en la capital, la discusión se transforma en un problema de justicia social y territorial. La geografía y la distancia en la que vivimos no pueden seguir siendo la coartada para justificar la desigualdad en la protección de la vida y la dignidad humana.