Un exlautarista y un anciano militar, ambos moribundos. El primero, mató a un carabinero tras un asalto a un banco en plena democracia. El segundo, no sabemos de sus crímenes, solo supimos de él por una carta al director del diario El Mercurio de hoy viernes. Qué tienen en común, a parte de estar viviendo sus últimos días en prisión: ambos demandan un gesto de humanidad para terminar sus días con su familia. Aquel gesto consiste en el indulto presidencial.
El exlautarista es Juan Aliste, quien fue condenado por el crimen del cabo de Carabineros, Luis Moyano, hecho ocurrido el 18 de octubre de 2007, luego del asalto a una sucursal del Banco Security de la calle Agustinas de Santiago. En la huida, Aliste mató a Moyano, cuyo cuerpo, con su casco de motorista puesto, quedó en el medio de la calle, en una imagen que seguramente muchos recuerdan. Hoy, a los de 53 años padece una enfermedad terminal y purga por una serie de condenas. Al borde de la muerte, pide clemencia, desatando una esperable controversia política, puesto que rápidamente han sido los sectores de extrema derecha los que se han adelantado en manifestar su anuencia a un eventual indulto, justo a pocos días de que dos carabineros fueran asesinados. Lo que podría ser una paradoja, se explica fácilmente por el afán de esos sectores para que concrete un indulto a violadores de los derechos humanos. Se trata de un retorcido mirada de las razones humanitarias, a las que aludió, por ejemplo, el Partido Republicano al dar su opinión favorable, lo que llevó a la diputada Macarena Santelices a renunciar a esa colectividad, criticando usar este caso como moneda de cambio.
Al otro lado, un militar NN de 92 años, de cuyo caso hemos sabido por la carta de Carol Urzúa Sheggia. Dice este último, al comparar justamente ambos casos, que la justicia resolvió no autorizar a ese preso a terminar la condena en su domicilio. No sabemos por qué delitos está en prisión este oficial, solo conocemos las referencias del autor de la misiva, quien lo describe como “un militar que en su juventud cumplió órdenes como agente de las fuerzas legítimas del Estado en la lucha contra el terrorismo de la época”. Cuesta creer en esa versión. Una persona que hoy tiene 92 años, a la fecha del golpe tenía 39, y si su “labor” fue posterior, habrá tenido más edad todavía, lo que deja en claro que no se trataba de un mozalbete cumpliendo órdenes. Llama también la atención que se hable de una fuerza legítima del Estado cuando se trata de un agente de la dictadura. 
Quiero recordar que en más de una ocasión me he referido a cartas al director como la de Urzúa, escritas por exuniformados, personas ligadas a ellos o familiares directos, quienes, junto con ocultar los hechos por los cuales han sido condenados aquellos a quienes defienden, desconocen los mismos. Los criminales, por su parte, nunca, bajo circunstancia alguna, han expresado arrepentimiento ni menos pedido perdón por sus crímenes, y en la mayoría de los casos, tal como quienes les defienden a través de los medios de comunicación, siguen negando los hechos a pesar de las resoluciones judiciales. Estos gestos y negación de sus familiares y amigos - hay que decirlo con claridad- convierten a éstos en cómplices de sus horrores. 
La historia del Chile post dictadura tendría que haberse escrito de otro modo para que como sociedad pudiéramos considerar las razones humanitarias para los autores de ciertos crímenes. Mientras tanto, es la justicia la que debe hablar, y ya lo hizo, resolviendo de igual modo en ambos casos. Es de esperar que esa decisión no se tuerza por la mano del Presidente.

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