Hay verdades incómodas que la política chilena insiste en barrer bajo la alfombra, pero la realidad siempre termina por desfondar el relato oficial. Las cifras recientes golpean: en apenas siete meses del gobierno de José Antonio Kast, cinco funcionarios de Carabineros han fallecido en el cumplimiento de su deber. Una estadística alarmante que destruye cualquier eslogan de campaña sobre el orden y la seguridad instantánea, demostrando que el crimen organizado y la violencia no entienden de promesas de campaña y no se amilanan con la amenaza superficial de la mano dura.

Más grave aún es la proverbial amnesia de quienes hoy habitan el oficialismo y sus aliados en el Congreso. Frente al reciente asesinato del sargento segundo Jaime Urrea en Quilleco, el presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, nos regaló una voltereta discursiva digna de estudio. Con una tranquilidad pasmosa, declaró ante los medios que "no hay que politizar la muerte" y que no tiene "recuerdos de haber pedido la cabeza de alguien, en el pasado, por la muerte de un carabinero".

"¿Amnistía o cinismo? La pretensión de borrar con el codo lo que la historia reciente escribió con fuego y piedra revela una peligrosa doble moral en el debate público." Pero, como decía mi abuelita: «Las mentiras tienen patas cortas», más aún [o más ahora] en que todo se graba, se registra y queda como testimonio para la posteridad.

Parece que al timonel republicano se le borró el disco duro. Se le olvidaron las portadas, las interpelaciones, las acusaciones constitucionales y los pitazos destemplados de su propio sector —incluyendo al actual mandatario y sus huestes— cuando cada mártir policial era transformado en artillería pesada para demoler sistemáticamente a la administración del expresidente Gabriel Boric. En ese entonces, exigir la renuncia de ministros e instalar la sensación de un país al borde del abismo no era "politizar la muerte"; era, según ellos, un acto de genuina "probidad patriótica".

Hoy, vestidos de gobierno y con los costos de la realidad sobre sus hombros, descubren de golpe las virtudes de la prudencia, el respeto institucional y el llamado a no sacar réditos políticos del dolor ajeno.

Antes, cuando los féretros eran cargados bajo administraciones contrarias, el crimen era culpa exclusiva de la ineptitud del gobernante de turno. Hoy, cuando los mártires se cuentan bajo la propia bandera, la tragedia se reduce a un problema global, a la complejidad del Estado o a un llamado a "no polemizar"; todo expresado con un cinismo que resulta incomprensible.

Los carabineros que salen a arriesgar la vida todos los días no merecen este espectáculo mentiroso. La seguridad del país exige altura de miras, no políticos con amnesia selectiva que creen que los ciudadanos tienen la memoria frágil. Porque mientras sigan administrando el dolor ajeno con doble estándar, la única verdad que obtendrán será la desconfianza de la gente y, finalmente, de las instituciones que juraron guardar y defender la vida de todos sus habitantes, rindiendo la suya, si fuese necesario, en defensa del orden y de la patria —como versa el propio juramento de Carabineros—.