En 2017, el entonces candidato José Antonio Kast declaró en una entrevista con T13 Radio: “Conozco a Krassnoff y, viéndolo, no creo todas las cosas que se dicen de él”. Este año, ya en su calidad de mandatario y consultado en radio agricultura sobre las más de 100 solicitudes de indulto que tiene sobre la mesa —en su mayoría correspondientes a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet—, se limitó a señalar que hay que analizar los casos uno a uno y que nadie merece morir en la cárcel; palabras con serias implicancias, pero de tono moderado.

Sin embargo, un presidente habla a través de sus ministros, y en ese terreno la moderación escasea o brilla por su ausencia.

En los últimos meses, el ministro de Defensa, Fernando Barros, ha salido a respaldar abiertamente la restitución de condiciones carcelarias diferenciadas, argumentando que la transición se pactó sobre ciertas bases y tildando de "venganza" el cumplimiento de penas de cárcel para condenados de avanzada edad.

Por su parte, el biministro del Interior, Claudio Alvarado, ha evitado pronunciarse de forma categórica sobre las solicitudes de indulto, limitándose a repetir que los expedientes se evalúan caso a caso bajo el criterio de que no corresponde que personas con enfermedades terminales mueran en prisión. Sobre este delicado punto, el jefe de gabinete aclaró que se trata de una gracia que será procesada a través de la cartera de Justicia, donde cada situación se revisa individualmente sin que existan todavía determinaciones definitivas.

Entonces, cabe preguntarse: ¿cómo cautela el Ministerio de Justicia estos temas? Los hechos hablan por sí solos. Recientemente, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, se allanó al recurso de amparo interpuesto por el exagente de la CNI Patricio González Cortez —condenado a 10 años y un día por la desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1987, además de su participación en los homicidios de calle Fuenteovejuna, que acabaron con la vida de militantes del MIR—. Con este pronunciamiento, la Subsecretaría de Justicia modificó el criterio del gobierno anterior, el cual establecía que los beneficios intrapenitenciarios para criminales de lesa humanidad debían supeditarse a una cooperación efectiva con la justicia y el esclarecimiento de la verdad. Al sostener que la gravedad del delito o la naturaleza del bien jurídico afectado no constituyen causales autónomas para denegar una reducción de condena, el Ejecutivo valida una mirada estrictamente formalista que ignora el estándar ético internacional en la materia.

La conjunción de estos hechos va tejiendo una peligrosa regresión. Entre la tramitación de indultos, la defensa corporativa de privilegios carcelarios y el allanamiento a rebajas de penas para agentes que jamás han colaborado con la justicia, se dibuja un esfuerzo sistemático por reescribir la historia judicial del país y liberar paulatinamente a los condenados. Esto degrada el pacto democrático hasta el punto en que la gravedad de violar los derechos humanos deja de tener consecuencias reales ante la ley.