En Panorámica conversamos con la vicedecana Patricia Reyes y la profesora Rocío Sánchez de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso del Laboratorio de Innovación Docente, Derecho, Ética y Tecnologías (LIDET), sobre el el reciente informe del MIT (Report of MIT's Ad Hoc Committeeon AI Use in Teaching, Learning, and Research Training) Durante la conversación, las especialistas profundizaron en las transformaciones éticas, los sesgos tecnológicos y las demandas de rediseño pedagógico que exige la enseñanza del derecho.
Respecto al panorama global, Patricia Reyes contrapuso el modelo estadounidense —enfocado en la autorregulación y la lógica de mercado— con el enfoque de la Unión Europea, orientado a fijar estándares regulatorios estrictos inspirados en la protección de los derechos fundamentales. Reyes advirtió que la autorregulación por parte de las grandes corporaciones tecnológicas resulta insuficiente, ya que un reducido número de empresas concentran el control masivo de estas herramientas con agendas e intereses propios.
En esta misma línea, las académicas abordaron el problema de los sesgos cognitivos y de género en la IA generativa, puntualizando que apenas un 12% de las desarrolladoras son mujeres y que los sistemas reproducen las cargas culturales y prejuicios de sus creadores y usuarios.
Frente al informe del MIT, Rocío Sánchez destacó que la irrupción de la IA genera tres dilemas críticos en el entorno académico: la erosión educativa, el aislamiento y una creciente sospecha recíproca entre profesores y estudiantes. Patricia Reyes añadió que esta desconfianza afecta la comunicación en el aula, provocando que los docentes duden sobre el origen de los trabajos entregados y los estudiantes cuestionen los criterios de evaluación docente.
Por su parte, Sánchez alertó sobre la creación de una "falsa ilusión de aprendizaje" cuando los estudiantes utilizan la IA como un atajo cognitivo para responder tareas inmediatas. Según explicó la docente, aunque la herramienta facilita la resolución rápida de ejercicios, priva al alumno del proceso reflexivo imprescindible para consolidar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos por cuenta propia.
Sobre la inminente automatización de las tareas de búsqueda y sistematización de información jurídica —labores tradicionalmente asignadas a los abogados principiantes—, las académicas sostuvieron que el valor de la universidad debe trasladarse a la aplicación práctica y al debate analítico presencial. Al respecto, citando los principios del informe del MIT, enfatizaron que la tecnología debe emplearse para potenciar y aumentar las capacidades humanas en lugar de delegar el pensamiento crítico.
Finalmente, Patricia Reyes abogó por preservar una "reserva de humanidad" en áreas sensibles como la administración de justicia, argumentando que la capacidad de discernimiento ético, la empatía y la sensibilidad social de un juez humano son insustituibles y no pueden ser emuladas por un algoritmo estandarizado