En Panorámica conversamos con Catherine Ríos, abogada y jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Penal Regional de Valparaíso, quien, a propósito del impacto mediático del caso «Imperio Ámsterdam», analizó el complejo escenario legal de los dispensarios de cannabis en Chile.

La abogada destacó que, dentro del marco regulatorio del cannabis en Chile, el cultivo y la venta de sustancias psicotrópicas están totalmente prohibidos. Sin embargo, la modificación de la Ley 20.000 en el año 2023 (específicamente en su artículo 8) introdujo una causal de justificación médica, la cual exime de responsabilidad penal a quienes cultiven cannabis siempre que cuenten con una receta médica, destinen el cultivo para su uso personal exclusivo y el consumo sea por una vía distinta a la combustión (como aceites, pomadas o alimentación).

En este contexto legal, Ríos explicó que los dispensarios como tal no existen bajo una figura regulada en Chile. Si bien fallos jurisprudenciales previos han validado el cultivo colectivo en comunidades organizadas como corporaciones sin fines de lucro para el tratamiento médico de sus miembros, el nuevo caso policial —que investiga una presunta red de franquicias con fines de lucro que habría movilizado transacciones electrónicas por cerca de 3520 millones de pesos— se escapa de la excepción legal y califica directamente como tráfico ilícito.

La abogada aprovechó la instancia para aclarar que es un mito urbano la creencia de que se permite tener una o dos plantas en el hogar sin consecuencias: «Cualquier cultivo de plantas sin receta médica o justificación legal está prohibido». Asimismo, el consumo solo está libre de sanción si ocurre estrictamente en un ámbito privado e individual, y se convierte en una falta si se realiza en la vía pública o si se comparte con terceros.

Finalmente, la jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional lamentó que estos casos de supuesto lucro estigmaticen a los pacientes y familias que dependen legítimamente del cannabis medicinal para sus terapias, enfatizando en que existe una urgente necesidad de regular formalmente los dispensarios para cerrar los vacíos legales y evitar que estas organizaciones deriven en redes de tráfico comercial.