En el ejercicio periodístico, pocas cosas resultan tan preocupantes como observar cómo se utiliza la angustia pública para justificar el desmantelamiento gradual de las libertades fundamentales. La seguridad es, sin duda, una demanda social urgente; la delincuencia y el crimen organizado requieren respuestas eficaces, recursos e inteligencia. Sin embargo, la propuesta de reforma constitucional cruza una frontera peligrosa: pretende vendernos tranquilidad a costa de debilitar las garantías democráticas más básicas, poniendo un cerrojo a la libertad de expresión y a la fiscalización del poder.
Desde su tribuna, el Presidente nos llama a «ponernos de acuerdo en qué legislación queremos», argumentando que la delincuencia transnacional requiere otro tipo de herramientas. En concreto, estas propuestas contemplan la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de «seguridad pública», lo que en la práctica significa que la seguridad deja de fiscalizarse mediante el debate democrático y pasa a gestionarse mediante órdenes directas desde el Palacio de La Moneda. A ello se suma la facultad del Ejecutivo para intervenir e interceptar documentos y comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial previa, junto con la creación de registros de organizaciones bajo criterios eminentemente políticos.
¿Qué tiene que ver todo esto con la libertad de expresión y la labor del periodismo? Absolutamente todo.
Cuando el Estado se arroga la potestad de interceptar comunicaciones sin control de los tribunales y restringir los derechos de reunión y asociación de manera prolongada, el primer perjudicado es el libre ejercicio de la prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Se abre la puerta de par en par a la vigilancia discrecional sobre fuentes confidenciales, investigadores, dirigentes sociales y voces disidentes. Bajo el rótulo de la «seguridad», se pavimenta el camino para la censura indirecta y el amedrentamiento, tal como ha ocurrido en países como Hungría o El Salvador.
Lo más preocupante es que las reflexiones más agudas al respecto brotan de todas partes, menos desde el periodismo. Una vez más, los grandes medios optan por el silencio y una postura aséptica. Periodistas considerados líderes de opinión sostienen un discurso privado categórico, pero se muestran incapaces de plasmarlo en la pauta pública de los medios masivos. Es cierto que la conversación ciudadana hoy fluye en las redes sociales, pero no es menos cierto que son los medios tradicionales los que verdaderamente marcan la agenda pública. Reclamar en Instagram sigue siendo el equivalente a gritarle al árbitro desde la galería; algo muy distinto a plasmar la firma en el medio que sostiene tu contrato.
El caso de El Salvador nos ofrece un recordatorio devastador: tras la normalización de regímenes de excepción prolongados y el acoso estatal bajo el pretexto del orden público, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) —la principal gremial del país— debió trasladar su directiva al exilio en octubre de 2025 ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de sus integrantes, sumándose a decenas de comunicadores desplazados por el temor a detenciones arbitrarias e intervenciones en sus comunicaciones. Ese es el destino final cuando la prensa renuncia a ser contrapeso y consiente que la seguridad se construya a costa de las garantías individuales.