Chile avanza a convertirse en un estado policial, pero con una salvedad. Dicha situación se concentrará en los barrios pobres. Es el costo de no tener acceso a educación y oportunidades. Nelly León, capellana penitenciaria lo describió de manera certera, como escuchamos al inicio cuando se dirigió al papa Francisco durante su visita al país en 2018.
En efecto, los pobres son el objetivo pues ellos no importan: qué supimos de los muertos del estallido y de sus responsables, nada. Por qué, porque eran pobres, como el caso del cuerpo hallado en la que alguna vez fue la tienda Xuga de Valparaíso. En quiénes se pensó cuando se aprobó el control de identidad, remedo de la tristemente célebre detención por sospecha de la época de la dictadura y respecto de la cual hubo que esperar años para que se derogara en democracia, pero que al tiempo se repuso con este otro nombre. Hoy, junto con perseguir a las loterías -sí, las loterías barriales- en el proyecto de ley que crea el registro de actos vandálicos e incivilidades se considera como uno de los castigos la pérdida de la TNE, de becas de alimentación, de la gratuidad y hasta de la PGU, todos beneficios a los que acceden solo los más pobres. Ahora, la guinda de la torta, mediante un cambio a la Constitución (la de 1980 que la tontera y el extravío político de sectores autodenominados de izquierda lograron perpetuar por el delirio en que cayeron en la Convención Constitucional), se busca crear un nuevo estado de excepción constitucional, que dicen acotado, nunca mejor usado el término, porque está dirigido a barrios o sectores en los que se presume funcionan organizaciones criminales que, por supuesto, son de barrios donde viven pobres. Se trata, en todos estos casos, y en tantos más, de una mirada clasista, marcada por diversos sesgos y estereotipos que, como muy bien describió la capellana, finalmente, criminalizan la pobreza.
Ciertamente, la rimbombante Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, anunciada por el gobierno, que considera modificar la Carta Fundamental para darle rango constitucional a la seguridad pública y en específico crear el nuevo estado de excepción, a mi juicio, constituye la evidencia de un cambio radical, que convertirá a nuestro país en un estado policial, en que para cumplir lo que mandata la Constitución quedaremos expuestos a la imaginación, siempre corta, de los gobiernos de turno, lo que facilitará acudir a cualquier medida amparándose en esa norma superior, que permitirá el despliegue militar, lo que sin asomo de dudas, abre las puertas a que los cuerpos armados de la defensa nacional comiencen a incursionar en esta materia.
Vi y escuché en la televisión al ministro Arrau -utilizando, como parte del libreto, en exceso sus manos con gestos casi sonrientes- cuando insistió en que las cifras sobre delitos son mejores y explicó estos cambios con una pedagogía que esconde la profundidad de las mismos: interceptación de comunicaciones, toque de queda, restricción de reuniones y del libre tránsito, y vaya uno a saber qué más, todo lo cual constituye limitaciones a la libertad, por lo cual es de esperar que en algún momento asome algo de cordura para frenar este cambio paradigmático, que hará más feble nuestra democracia.
Y qué dice la oposición: en un perfecto coro, lo único que repitieron unas y otros fue: “¿Y el secreto bancario?” Sí, tienen razón, en la batería legislativa debería ir levantar el secreto bancario. Pero, aparte de eso, nada más. Y es que la oposición tiene, como ha sido la tónica en este tiempo, poco que aportar y carece de ideas y argumentos para cumplir su rol. En este caso su proceder se explica porque no podrá oponerse al uso de los militares en los barrios intervenidos pues han sido alcaldes como el de San Bernardo, Christopher White, del PS, y el de Maipú, el presidenciable del FA, Tomás Vodanovic, quienes han pedido la intervención de las fuerzas armadas. En eso está el progresismo chileno.
Por tanto, asistimos a un consenso en orden a que la inseguridad permite todo pese a que las cifras dan cuenta de una brecha enorme entre el número de delitos y la sensación de inseguridad.
Un dato más. A la fecha, desde el retorno a la democracia en adelante hubo un frenesí de medidas legislativas para endurecer penas, más de noventa iniciativas aprobadas, como bajar la edad de responsabilidad penal y castigar, en fin, del modo que fuera los delitos. Resultado de todo ello: las cifras de éstos y violencia de los mismos desde esa época hasta ahora solo han aumentado. ¿Alguien, entonces, puede afirmar que han sido efectivas? Evidentemente no, pero insistimos en las recetas punitivo-legislativas.
Y el bonus track: no he escuchado una palabra acerca de que esta agenda también incluye al terrorismo. Pido excusas por mi ignorancia, pero alguien me puede decir dónde están las cifras de delitos terroristas que asolan nuestro país, en qué cárceles de seguridad están los terroristas detenidos, en qué barrios de los que se busca intervenir hay células terroristas y cuáles son los movimientos terroristas del presente chileno.
El gobierno del Presidente Kast está a punto de concretar un paso que, con el concurso de la oposición, de prosperar, dejará a nuestro país con una democracia debilitada y a expensas de cualquier barbaridad en nombre de la seguridad pública. Aún es tiempo de que alguien ponga un mínimo de sensatez antes de que nos arrepintamos.