«Escucha su corazón» es una iniciativa que busca obligar a las mujeres que van a acceder a un aborto legal bajo la ley de tres causales —es decir, cuando su vida corre peligro, cuando el embrión es inviable o cuando el embarazo es producto de una violación— a escuchar previamente los latidos del embrión o feto.

Quienes promueven el proyecto argumentan que se trata de «brindar más información» o garantizar un «consentimiento informado». Pero obligar a una mujer que está viviendo una de las situaciones más traumáticas e intensas de su vida a someterse a una escucha forzada no es informar; es revictimizar.

¿Qué clase de «información» aporta amplificar un sonido en una consulta médica a alguien que ya ha tomado una decisión amparada por la ley? La respuesta es ninguna. Lo que busca este tipo de exigencia no es educar, sino infligir culpabilidad, castigo moral y dolor.

La ultraderecha sabe perfectamente que estas mociones difícilmente se convertirán en ley. Sin embargo, su objetivo no es legislar; es desgastar, correr paulatinamente la frontera de lo aceptable. Al instalar una barbaridad como esta en el debate público, logran reabrir una discusión que ya estaba zanjada en nuestro país y conseguir que el foco pase de cómo garantizar la salud integral y el acceso oportuno al aborto legal a cuestionar derechos legítimamente ganados por las mujeres y su libertad de decidir sobre sus cuerpos.

Incluso si el proyecto fracasa o se frena en comisiones (como afortunadamente comenzó a ocurrir tras el desmarque de varios parlamentarios), el daño ya está hecho: la sombra del juzgamiento se vuelve a posar sobre las mujeres que necesitan atención médica en los momentos más vulnerables de sus vidas y sobre los equipos de salud que deben estar ahí para apoyarlas. Esta situación ya es de por sí compleja para las mujeres en Chile: según una investigación desarrollada por Corporación Humanas entre junio de 2024 y diciembre de 2025, cuatro de cada diez médicos obstetras del sistema público se acogen a la objeción de conciencia cuando se trata de interrupciones del embarazo por la causal de violación.

Hoy es urgente y necesario recalcar que el debate público no necesita más altavoces para amplificar el latido de un feto con fines propagandísticos, mucho menos para reavivar la batalla cultural.

Lo que realmente le falta a la política chilena es aprender a escuchar a las mujeres:

Escuchar a quienes enfrentan la falla en la aplicación de la objeción de conciencia en los hospitales.

Escuchar a quienes deben peregrinar horas para encontrar un equipo médico que no las juzgue.

Escuchar a las sobrevivientes de violencia que merecen reparación, no chantaje.

Propuestas como esta, impulsadas por los diputados Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré (del Partido Nacional Libertario); Chiara Barchiesi, Catalina del Real y Claudia Reyes (del Partido Republicano); y Ximena Ossandón (de Renovación Nacional), aunque no prosperen, no nos pueden dejar impávidas. Pues, como dijo la directora ejecutiva de la Fundación Miles, Javiera Canales, la iniciativa no constituye un «consentimiento informado», sino una medida «cruel, revictimizante y contraria a toda lógica de autonomía y dignidad».