Por: Eduardo Drouillas

El mega temporal que golpeó a nuestra región desde el pasado jueves, trayendo consigo lluvias torrenciales y vientos huracanados, nos arrastró también a un escenario tristemente célebre: la oscuridad absoluta. Como si de un evento folclórico o perfectamente natural se tratara, los cortes de luz volvieron a colgarse de nuestras casas como una condena inevitable.

La respuesta oficial no tardó en llegar con su habitual retórica de catástrofe. Chilquinta salió a terreno a explicar que el temporal provocó más de 1.400 puntos de interrupción en la Región de Valparaíso, principalmente por la caída masiva de árboles. Nos dicen, para aplacar los ánimos, que tienen a 354 colaboradores divididos en 177 equipos en la calle, asegurando que esto equivale a "seis veces su capacidad operativa habitual". Pero las matemáticas de la calle son distintas a las del papel: 354 operarios para cubrir 1.400 fallas estructurales significa, en la práctica, un abandono matemático. Es un bombero intentando apagar un bosque con una taza de agua.

CGE no se quedó atrás en esta narrativa, argumentando que movilizó a más de 1.600 brigadas y cerca de 5.000 trabajadores (en Chile) para enfrentar la emergencia, pero que el despliegue se vio entorpecido por caminos cortados, ríos desbordados y problemas de acceso. Lo presentan como una fatalidad inevitable, como si todo eso no fuera esperable, predecible y perfectamente modelable antes de un temporal que fue largamente anunciado y advertido por las autoridades metereológicas.

La gran ironía de este apagón crónico no está en el viento, sino en el origen de los capitales que hoy controlan nuestros interruptores. Tanto Chilquinta como CGE están en manos de gigantescas corporaciones estatales chinas. Sí, la misma superpotencia que en su propio territorio ha diseñado el futuro de la distribución eléctrica.

En China, la inmensidad geográfica impide un único plazo legal de reposición, pero sus normativas de confiabilidad son draconianas: exigen una disponibilidad del suministro superior al 99.9%. En sus zonas urbanas modernas, gracias al despliegue masivo de inteligencia artificial y sensores avanzados de microcorrientes, detectar, aislar y restablecer una falla de forma automática toma entre 0.1 y 3 segundos. Casi instantáneo. Incluso cuando las cuadrillas chinas deben resolver manualmente una avería comunitaria de baja tensión en su red estándar, el tiempo máximo estimado oscila entre 6 y 10 horas. Y estamos hablando de un país con una escala monumental de 1.412 millones de personas.

¿Por qué, entonces, en la Región de Valparaíso —con una escala infinitamente menor— los vecinos tienen que sopesar plazos de reposición que superan las 30 horas, perdiendo alimentos, medicamentos y dignidad?

La respuesta es evidente, pero siempre ocultada en la retórica del mercado: el estándar del primer mundo se queda en China, mientras que a Chile se le administra con lógica de enclave colonial. Las empresas chinas compran activos en nuestro país atraídas por un modelo de negocio hiperrentable, amparado en una regulación nacional laxa, permisiva y obsoleta que les permite operar al mínimo costo posible. 

No podemos seguir aceptando que las empresas de servicios básicos justifiquen su ineficacia apuntando al cielo cada vez que llueve. Ahora, como en un guion bien conocido viene el anuncio de compensaciones económicas a los usuarios, un parche para salir del paso y poder descomprimir el ambiente sin dar las respuestas de fondo. La gente no quiere plata ni reembolsos posteriores; lo que exige son certezas y tranquilidad cada vez que se anuncia una lluvia. Un abono en la cuenta no recupera los alimentos perdidos ni alivia la angustia de quedar a oscuras por días, por lo que estas medidas no pueden reemplazar la obligación urgente de modernizar la infraestructura e invertir en un servicio confiable, no podemos olvidar que la lluvia y el viento son naturaleza; la desinversión y la falta de personal son decisiones corporativas.