Chile despertó hace unas semanas sumido en una pesadilla moral y de seguridad. Cientos de niños haitianos presuntamente "desaparecidos", sospechas de tráfico de órganos, explotación sexual y redes criminales operando bajo la sombra de vuelos chárter. La Fiscalía abrió causas de oficio y el pánico, una vez más, se apoderó de la agenda. Hoy la aparición y localización del total de los 64 menores que figuraban como "inubicables" nos obliga a detenernos y analizar cómo se construyó esta crisis. Lo que parecía un thriller criminal resultó ser, en realidad, un burdo reflejo de la ineficiencia administrativa y la irresponsabilidad mediática.

El origen de la histeria colectiva se encuentra en la filtración del preinforme reservado N° 541 de la Contraloría General de la República. Un documento de 70 páginas que, analizado con rigurosidad y sin sesgos, jamás contuvo las palabras "trata" o "tráfico". Lo que sí decía la Contraloría era que 64 niños no fueron ubicados en una visita específica. Pero esos niños no estaban desaparecidos; simplemente las bases de datos de Migraciones, la PDI y la Subsecretaría de la Niñez estaban tan desactualizadas y mal cruzadas que el Estado fue incapaz de dar con ellos cuando salió a buscarlos.

El pánico vende, y la televisión y ciertos sectores políticos no tardaron en activar lo que bien se puede denominar como "la fábrica del miedo". Se sobredimensionaron cifras de adultos acompañando a múltiples menores en vuelos no regulares, omitiendo el hecho de que —ante el colapso de Haití y la falta de aerolíneas comerciales— estos vuelos chárter eran corridors humanitarios improvisados por la propia comunidad, visados y autorizados uno a uno por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) bajo la Ley de Reunificación Familiar.

El Gobierno cayó en su propio laberinto. Tras alimentar indirectamente la alarma pública como un regalo para su narrativa antiinmigrante, las autoridades políticas debieron salir a apagar el incendio que ayudaron a encender. Ministros admitiendo ante los micrófonos que "no había antecedentes serios de tráfico" y resumiendo la crisis con una frase lapidaria: "Gracias a Dios, todo indica que se trata de un terrible desorden".

La confirmación oficial entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y la PDI cierra el círculo de esta polémica: los 64 niños fueron localizados, se encuentran en buenas condiciones, la gran mayoría está escolarizada y cuentan con su situación regular. Estaban en las escuelas de Estación Central, en los consultorios de Graneros, viviendo en condiciones de pobreza y hacinamiento, sí, pero bajo el cuidado de sus tutores y familias que pasaron años tramitando documentación legal.

Por supuesto, saber que los niños están bien y con sus familias es una noticia tranquilizadora, pero al final del día, el daño ya está hecho. Queda una comunidad haitiana profundamente estigmatizada, niños que debieron escuchar en la televisión que sus vidas pendían de mafias inexistentes, y un debate migratorio que se empaña con sospechas infundadas. La lección de este episodio es amarga pero clara: el Estado chileno falló gravemente en sus competencias de fiscalización y seguimiento interinstitucional, pero parte importante del periodismo y la política fallaron aún más al preferir el rating del pánico por sobre la rigurosidad de los datos.

Desorden fiscal, pobreza y falta de conectividad del Estado; esa era la noticia, y nunca debió ser otra.