Unos cobran y otros pagan la cuenta. Pero no a todos se les cobra y, por supuesto, no todos pagan. Así las cosas, hemos visto un Estado que persigue a los deudores del Crédito con Aval del Estado, pero que, al mismo tiempo, a inicios de este año, condona 22 millones de dólares a un grupo empresarial. 
Nadie puede atribuirse algo así como un derecho a no pagar. Eso no existe. Pero qué se le responde a un deudor que, por ejemplo, hoy tiene complicaciones económicas y dejó de pagar, cuando a la par lee que a una familia que no vive las desventuras que él, se le perdona una multa por la friolera de 22 millones de dólares, como ocurrió con la familia Fernández León, con participación en Entel, Pucobre y Consorcio.
Como escribí esta semana en una columna que pueden revisar en el diario RVL de nuestra emisora, no se trata de justificar a quien no paga o determinados comportamientos, pero sí de tratar de hallar una explicación (no una justificación) a este tipo de hechos, que han supuesto la irritación de quienes sí cumplen sagradamente sus compromisos así como de quienes encontraron en ello una justificación para no pagar. 
Cualquier sea la explicación, lo cierto es que hace un tiempo este tipo de arbitrariedades y conductas individuales rompen la cohesión social y esos mínimos comunes que nos daban la tranquilidad de que, como solía decirse, las instituciones funcionan, lo cual no es más que un recuerdo cuando los poderes del Estado, incluso el judicial, están seriamente cuestionados, algo que abordamos en este espacio, en el cual también damos cuenta del impresentable caso del nuevo embajador de Chile en Israel.