La última encuesta CEP liberada hoy no trae grandes sorpresas, pero sí una seria confirmación: Chile sigue siendo un país que busca certezas y deposita sus esperanzas en los extremos del mapa institucional, mientras le da la espalda a las instancias encargadas de conducir el Estado.

Que la Policía de Investigaciones (PDI) encabece la confianza con un 63%, seguida de cerca por las universidades (61%) y Carabineros (58%), nos habla de una ciudadanía refugiada en dos necesidades vitales e inmediatas: la seguridad y el conocimiento. Queremos certezas físicas frente a la crisis de delincuencia que nos agobia, y certezas intelectuales en las aulas. Buscamos el orden que resguarda el presente y la educación que promete el futuro.

Sin embargo, el drama real de nuestra convivencia civil está en otra parte. Según se infiere de la medición, que los partidos políticos respiren aliviados porque pasaron de un 4% a un 6% de confianza, o que el Congreso celebre llegar al 13% de credibilidad, es el síntoma inequívoco de una miopía política terminal. Estamos ante un paisaje institucional fracturado; un archipiélago de islas bien evaluadas que no se comunican entre sí porque los puentes encargados de unirlas —la política representativa— están completamente trizados, ciegos, sordos, aunque claramente no mudos.

El verdadero peligro democrático no es que la ciudadanía valore a sus policías; el peligro real es la total orfandad de los canales que transforman el malestar en ley, el conflicto en acuerdo y la demanda social en política pública.

No es casualidad que en este mismo escenario el 51% de los encuestados perciba que el Presidente no tiene disposición a llegar a acuerdos con la oposición. La lógica del atrincheramiento paga bien en el efímero algoritmo de las redes sociales, pero desmantela la gobernabilidad a largo plazo. Cuando el tejido de los partidos se vuelve irrelevante para el ciudadano común, la democracia deja de ser un espacio de deliberación y se transforma en un mero ejercicio de administración de crisis.

Gobernar un país donde la confianza se deposita en quienes portan el monopolio de la fuerza o investigan el delito, pero se le niega de forma casi unánime a quienes legislan, es caminar sobre una cuerda floja. Las sociedades no se sostienen solo con el rigor de la vigilancia ni con el prestigio de la academia; se sostienen, fundamentalmente, a través de la legitimidad de sus acuerdos políticos, del diálogo, de las ideas y de los consensos.

Si la política tradicional no es capaz de mirar ese 6% con pudor y sentido de urgencia, seguiremos asistiendo a la paradoja de un país que le exige orden institucional a gritos a una clase dirigente en la que, simplemente, ya no cree