Existe una vieja máxima, tan dura como ineludible, que dice que uno no es lo que dice ser, sino lo que termina plasmando con sus acciones. En la retórica de los pasillos políticos, la salud pública suele posicionarse en el primer lugar de las prioridades nacionales. Sin embargo, cuando se corren las cortinas de las declaraciones institucionales y se observan los hechos objetivos, la realidad nos demuestra que la distancia entre el compromiso verbal y el acto real es, en ocasiones, un abismo insalvable.
Lo ocurrido recientemente en el Hospital Van Buren de Valparaíso es la metáfora perfecta de este divorcio. La Comisión de Salud del Senado decidió abordar en terreno la crisis financiera, presupuestaria y de infraestructura que asfixia al recinto hospitalario. El diagnóstico ya no resistía más promesas; requería, de forma perentoria, respuestas y la presencia de quienes manejan el timón sanitario del país. Pero la realidad le propinó, a la salud del puerto, un portazo doble.
Por un lado, el hecho material: la comitiva de parlamentarios, médicos y gremios se encontró con un recinto tan precarizado que ni siquiera fue capaz de proveer condiciones técnicas básicas para transmitir o sostener la sesión, lo que obligó a suspender la jornada en lo que los presentes tildaron abiertamente de "bochornoso". Por otro lado, y aún más grave, se constató el hecho político: la inasistencia en bloque de la primera línea del Ministerio de Salud. Ni la ministra de la cartera, May Chomalí, ni los subsecretarios de Redes Asistenciales y de Salud Pública llegaron a la cita en terreno. Tampoco lo hicieron las máximas autoridades políticas locales de la delegación presidencial ni de la seremi.
Las explicaciones posteriores apuntarán a problemas de agenda o actividades paralelas, pero en la práctica, para la comunidad porteña y los trabajadores de la salud, ese vacío significó una sola cosa: indiferencia. Si la política sanitaria de un Gobierno se definiera por lo que se escribe en las minutas de prensa, el Hospital Van Buren estaría viviendo una era dorada de reconstrucción y alivio financiero. Pero como la validez de la gestión se mide estrictamente por los hechos, la falta de las autoridades del MINSAL desmantela cualquier relato de preocupación.
Al optar por la ausencia, el ministerio no solo dejó plantada a una comisión parlamentaria, sino que ignoró de forma explícita el clamor horizontal de gremios, médicos y alcaldes que exigen frenar recortes presupuestarios que comprometen la atención de miles de ciudadanos. La Comisión de Salud del Senado ha reaccionado enviando una nota formal de protesta y convocando forzosamente a la ministra al Congreso para la próxima semana**; una autoridad que, seguramente,** llegará con elocuentes explicaciones y una carpeta de propuestas, por supuesto todas ellas sujetas a evaluación de factibilidad económica.
Esto es lo mínimo que el marco institucional exige frente a lo que se ha catalogado como un "agravio". Sin embargo, el daño conceptual ya está hecho. El Ministerio de Salud puede declarar diariamente su amor irrestricto por la sanidad pública y el bienestar regional; pero mientras sigan eludiendo el barro de las deficiencias locales y dejen las sillas vacías en el epicentro de los problemas, sus acciones seguirán gritando mucho más fuerte que sus discursos.
Al final del día, en el Carlos Van Buren y en todo Chile, por suerte el personal de salud se define por lo que hace y no por lo que promete; de lo contrario, hoy estaríamos contando miles de tragedias médicas que se pudieron resolver con acción.