La primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast no ha dejado indiferente a nadie. Fiel a su matriz doctrinaria, el Mandatario decidió poner la restauración del orden público y la seguridad ciudadana en el corazón de su mensaje, firmando el proyecto de ley que crea el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. El anuncio apela directamente al sentido común de una ciudadanía cansada de la delincuencia y del deterioro de los espacios públicos. La premisa de que «quien destruye lo público no merece recibir beneficios del Estado» es, desde el punto de vista del marketing político, una genialidad. Sin embargo, cuando se deja de lado la retórica y se entra en la complejidad técnica, constitucional y social de la medida, la iniciativa abre interrogantes profundas —y peligrosas— sobre la naturaleza de nuestro Estado de Derecho.
Sin duda es valorable que el Ejecutivo intente abordar lo que la criminología denomina la «teoría de las ventanas rotas». El propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, reconoció tempranamente que atender las faltas menores puede frenar la degradación hacia delitos mayores. El desorden urbano genera una percepción de impunidad que fractura los barrios; por ende, visibilizar y sancionar estas conductas es una demanda legítima de millones de chilenos que ven capturados sus espacios públicos.
Sin embargo, detrás de este proyecto —que a primera vista parece de total sentido común— subyace un preocupante sesgo de segregación social. Al amenazar con la pérdida de la gratuidad universitaria o de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el Estado no está aplicando un castigo universal; está legislando exclusivamente contra los más vulnerables. La población de altos ingresos no estudia con gratuidad ni depende de la PGU para sobrevivir en la vejez. Por ende, la pérdida de estos derechos esenciales solo afectará a la clase media y a los sectores populares. En este sentido, equiparar el acceso a la seguridad social con un certificado de buena conducta transforma los derechos de las personas en beneficios condicionales, ensanchando la brecha de desigualdad estructural del país.
Más alarmante aún es el tratamiento de las llamadas «incivilidades». Al equiparar, dentro de un mismo registro nacional, a un narcotraficante con un joven atrapado consumiendo una cerveza en una plaza o realizando un rayado, el Ejecutivo difumina peligrosamente las fronteras de la proporcionalidad. A esto se suma una encrucijada técnica insoslayable: la protección de datos personales ante la creación de una "lista negra". Un registro de esta naturaleza arriesga convertirse en un estigma civil permanente que boicotee cualquier posibilidad de reinserción social, condenando a quienes cometen una falta juvenil o una infracción menor a la marginalidad de por vida.
El Presidente Kast ha enviado una señal potente a su base electoral, presentándose como el líder de la "mano dura" contra el desorden urbano. Sin embargo, el Congreso no puede dejarse seducir por el aplauso fácil del populismo punitivo. El debate parlamentario que ahora comienza tiene la obligación de desmantelar los componentes más extremos y jurídicamente inviables de este proyecto. Castigar el vandalismo y recuperar las calles es un imperativo nacional; desmantelar las garantías constitucionales, precarizar la seguridad social y profundizar la segregación de los chilenos es un precio que una democracia sólida no se puede permitir pagar.