El 12 de mayo de 2011 amaneció como un jueves cualquiera, pero terminó siendo el día en que se trizó el cristal de la "normalidad" chilena. Lo que comenzó como una convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para marchar por la Alameda, se transformó en la chispa de un incendio social que no se apagaría en años.
Para junio, el movimiento ya no era solo universitario. Los "pingüinos" (secundarios) se sumaron con fuerza, y colegios fueron tomados a lo largo de todo Chile. El 16 de junio, la movilización alcanzó un hito con más de 200.000 personas en las calles de Santiago, bajo una lluvia que no detuvo los bailes, las batucadas y una creatividad visual que rompió con la estética de las marchas tradicionales de los años 90. A finales de ese mes, el conflicto escaló al ámbito familiar y se vivió el primer cacerolazo masivo desde el retorno a la democracia. Este resonó en los balcones de todo el país, señalando que los padres y abuelos apoyaban la causa de sus hijos.
Agosto fue, quizás, el mes más oscuro y brillante. El gobierno prohibió las marchas y el centro de todas las grandes ciudades se convirtió en un campo de batalla. Hubo casi mil detenidos y un ambiente de estado de sitio de facto. En medio de la crisis, el presidente Piñera pronunció una frase que quedó grabada como el antagonismo perfecto del movimiento: "La educación es un bien de consumo". Esa definición fue la bencina que alimentó las marchas de las semanas siguientes.
Un 12 de mayo, como hoy, el grito de 15.000 estudiantes frente a la Usach fue el inicio de una marea que terminaría por derribar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) y poner en jaque la idea del "Estado Subsidiario". En ese entonces, el sistema chileno descansaba en un 75% de financiamiento privado. La gran victoria del 2011 fue romper esa lógica, instalando la Gratuidad como un derecho irrenunciable para los más vulnerables y eliminando el lucro con fondos públicos. Esta política pública, a 10 años de su implementación ha beneficiado a 1,5 millones de personas en el sistema de educación superior de Chile y ha permitido que cerca de 485.000 estudiantes obtengan su título universitario, técnico o profesional.
Sin embargo, a quince años de aquel despertar, la sensación de avance se ha transformado en una de fragilidad. Hoy, lo que se respira no es solo el agotamiento del modelo, sino la posibilidad real de un retroceso en los derechos conquistados. Si el 12 de mayo de 2011 nos enseñó que nada está escrito en piedra, el 2026 nos está enseñando que nada de lo ganado es eterno y que los derechos no están garantizados y siempre son vulnerables. Estamos aprendiendo que el retroceso no siempre viene con grandes anuncios; ocurre en el detalle de las leyes de presupuesto, en la vuelta de la selección escolar y en la validación de que la educación puede, otra vez, volver a ser un "bien de consumo".