Cuando, por un lado, se habilita una "minería de datos" sin compensación —permitiendo que la IA se alimente del trabajo ajeno sin permiso ni pago— y, por otro, se retira el apoyo estatal a la infraestructura y la conservación, el mensaje de La Moneda es inequívoco: la cultura es un gasto prescindible y el derecho de autor, un obstáculo para el "progreso" tecnocrático.

Hay una arrogancia particular en el poder cuando decide que el futuro se construye sobre el despojo de quienes le dan alma al país. Lo que vemos con la insistencia del Ejecutivo en el polémico artículo de propiedad intelectual dentro del "Plan de Reconstrucción" no es un error de cálculo, sino una declaración de principios; la punta del iceberg de una visión de mundo indolente. Mientras los creadores defienden en la calle su derecho a una remuneración justa frente al avance de la inteligencia artificial, en los despachos de Hacienda se firma el recorte de programas vitales. Bajo la excusa de la "eficiencia fiscal", el Ejecutivo ha propuesto descontinuar o reducir drásticamente iniciativas críticas, como el programa de Sitios de Patrimonio Mundial, que financia la conservación de tesoros nacionales como Valparaíso y Rapa Nui.

¿A quién responde el Gobierno cuando ignora a la SCD, a la UNA, a la prensa y a los gremios? Ciertamente no a los ciudadanos que producen cultura. La terquedad de mantener una norma que permite el uso comercial de obras protegidas sin remuneración es, además de una falta de ética política, un suicidio cultural. Si el creador no puede vivir de su obra porque el Estado decidió "regalársela" al algoritmo de una transnacional, y si el presupuesto del sector se desploma porque Hacienda le arrebató el 10% de sus ya magros recursos, ¿qué cultura quedará para las próximas generaciones?

La sordera estatal ha alcanzado niveles alarmantes. Se legisla a espaldas de los afectados, introduciendo cambios estructurales como "contrabando" dentro de leyes de emergencia económica. Es imperativo entender que los derechos de autor no son monedas de cambio, ni el presupuesto de cultura es una caja chica para ajustar balances. Un país que no protege a sus artistas ni cuida sus monumentos es una nación que se queda sin voz. Y este Gobierno, por lo visto, prefiere el silencio de los creadores mientras aplaude, impávido, el ruido de las máquinas.