Cuando el intercambio de ideas es reemplazado por el golpe, y el argumento por la intimidación, lo que muere no es solo el respeto mutuo, sino la política misma. La democracia se basa en una premisa fundamental: la resolución pacífica de los conflictos a través de la palabra y el voto. En el momento en que un ciudadano —o peor aún, un grupo organizado— decide que su postura es tan superior que justifica silenciar al otro mediante la fuerza, estamos regresando a una época que nos ha costado mucho dejar atrás.
Lo más preocupante de estos incidentes no es solo el acto violento en sí, sino la validación implícita que surge desde ciertos sectores. No existe contexto, provocación ni diferencia ideológica que justifique que un representante de la soberanía popular —o cualquier ser humano— sea agredido físicamente o amenazado en su integridad. En esto no hay que perderse nunca y es necesario comprender que la violencia política, es decir, aquella que busca silenciar adversarios o alterar el orden democrático mediante la coacción, el atentado o la amenaza, como la sufrida por el diputado Olivares es tan inaceptable como la violencia simbólica que el diputado pasea con ironía por los pasillos del congreso nacional.
Su reciente aparición luciendo una capa militar —inevitablemente asociada a la estética de la dictadura— no puede ser leída como una simple elección de vestuario o un gesto de excentricidad. En el delicado ecosistema de la política chilena, los símbolos cargan un peso histórico que ningún representante público puede ignorar, y el abierto pinochetismo que el parlamentario ha decidido abrazar es, en esencia, un acto de violencia simbólica.
El uso de esta indumentaria no busca abrir un debate de ideas ni proponer soluciones a los problemas del presente; busca, deliberadamente, la confrontación. Para las víctimas de la dictadura y sus familias, ver a un legislador de la República reivindicar la estética de un periodo marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos es una bofetada a su memoria y un retroceso en el camino de la reparación.
Un diputado se debe a todos sus representados, incluso a aquellos que piensan distinto. Reivindicar una figura que quebrantó el orden democrático mientras se forma parte de la institución que sostiene dicho orden es, como mínimo, una contradicción ética insalvable.
La libertad de expresión tiene un límite moral cuando se utiliza para glorificar épocas de oscuridad. Chile no necesita "personajes" que busquen notoriedad a través del dolor ajeno; necesita políticos capaces de entender que el futuro se construye respetando los derechos humanos como un piso mínimo e innegociable. La capa del diputado Olivares no proyecta autoridad, proyecta una sombra de división que el país lleva décadas intentando dejar atrás.
La reconstrucción de nuestra democracia ha sido, en gran medida, un ejercicio de reaprender a hablar. Sin embargo, la persistencia de discursos que anulan al otro, o se burlan del dolor ajeno, nos recuerda que el diálogo no es un estado natural, sino un hábito frágil que requiere una voluntad ética diaria para no volver a los códigos de la intolerancia.