En el trayecto diario del trabajo a mi casa, ayer, entre frenazos bruscos y bocinazos, desperté en la micro con un atardecer que iluminaba los cerros y la costa norte. Un paisaje de ensueño visto desde lejos, pero que, en la medida en que se hace presente y crece frente a nuestros ojos, comienza a revelar años de maltrato y contaminación. Concón, Quintero y Puchuncaví son clara evidencia de cómo sometemos y quebramos la naturaleza a costa de nosotros mismos, amenazando incluso nuestra propia subsistencia; y, aun así, esa tierra devastada sigue siendo hermosa.

La ratificación del megaproyecto Maratué en quiriyuca por parte del Comité de Ministros no es solo un hito administrativo; es una decisión que pone a prueba la memoria y la coherencia de nuestra institucionalidad ambiental. En un territorio como Puchuncaví, donde la palabra "sacrificio" no es una metáfora, sino una realidad respirable y palpable, la aprobación de una mini-ciudad de 14 mil viviendas nos obliga a preguntarnos: ¿Qué entendemos hoy por desarrollo sostenible y calidad de vida?

Por supuesto, para algunos aquí el tema no es ambiental. No tiene que ver con la calidad de nuestra existencia, mucho menos con nuestra relación con la naturaleza o el respeto hacia nuestros ecosistemas. Porque cuando una inmobiliaria pone 2 mil millones de dólares de inversión y una promesa de aliviar la crisis habitacional con viviendas subsidiables, sobre la mesa, todo argumento se vuelve relativo, ajeno o simplemente "fundamentalismo ecológico".

Lo que la Cámara Regional del Comercio celebra como una "señal de certeza", no es más que una sentencia ecosistémica. Levantar un núcleo urbano de esta magnitud sobre los acantilados de Quirilluca —uno de los últimos refugios de biodiversidad de la zona central— parece un contrasentido en una región que clama por restauración, no por más presión antrópica.

Ahora, para no caer en la "tentación ambientalista" que dicen ya no está de moda, cabe preguntar: ¿Resiste una comuna con estrés hídrico y daño ambiental acumulado una inyección de 300 viviendas anuales durante casi medio siglo? Está claro que la institucionalidad puede entregar certezas legales, pero no siempre entrega justicia territorial.

No basta con prometer áreas de conservación o monitoreo de bellotos si el entorno macro ya está colapsado. La aprobación de Maratué nos deja una sensación agridulce: la de una burocracia que cumple con el check de la norma, pero que parece desconectada del pulso de un territorio que ya ha entregado demasiado al país a cambio de casi nada.

El progreso no puede ser una excavadora que avanza sobre la fragilidad de lo último que nos queda. Destrabar la inversión no puede ser "a costa de lo que sea". Los pobres no deben seguir pagando los costos del desarrollo, mientras los más ricos defienden su segunda vivienda en los bellos y protegidos paisajes de Cachagua o Zapallar. Urbanizar el patrimonio natural bajo el argumento de la crisis habitacional es, en el mejor de los casos, la pavimentación definitiva de otro error histórico que terminara pagando el pueblo.