Anoche, en cadena nacional, el presidente le presentó al país el "Plan de Reconstrucción Nacional", una megarreforma que, bajo el lema del "crecimiento" y la "creación de empleo", promete reducir el impuesto corporativo del 27% al 23% hacia el año 2029. Junto a ella, un paquete de medidas que, tras una lectura mínima, revela su verdadera naturaleza: un alivio masivo para las grandes fortunas disfrazado de benevolencia social.
En un país democrático es necesario llamar a las cosas por su nombre. La reducción del impuesto a las empresas es una transferencia directa de recursos desde el Estado hacia los sectores más ricos del país. Mientras el ciudadano común lucha contra el costo de la vida, el Ejecutivo decide que la prioridad nacional es que las grandes corporaciones retengan cuatro puntos porcentuales adicionales de sus utilidades. Es la reactivación del viejo y desprestigiado dogma del "chorreo" —esa idea que impulsaron los Chicago Boys en dictadura— de que, si llenamos las copas de los de arriba, en algún momento algo de ese líquido llegará a la base.
Lo más preocupante es el costo oculto de este beneficio. ¿Quién paga la cuenta de esos US$ 3.500 millones que el fisco dejará de percibir? La respuesta es siempre la misma: la clase media. Al reducir la base recaudatoria del capital, la presión para mantener los servicios públicos recae inevitablemente en el consumo y en los impuestos al trabajo. Es la clase media la que, sin acceso a los subsidios de los sectores más vulnerables ni a los beneficios tributarios de la élite, termina sosteniendo el aparato estatal mientras observa cómo se le promete que este "sacrificio" traerá empleo.
El Gobierno intenta matizar este golpe al bolsillo público con un subsidio al empleo que supuestamente beneficiará a 4 millones de personas. Sin embargo, esta medida de alivio transitorio para los trabajadores de salarios más bajos se usa para justificar una rebaja permanente a la tasa impositiva de las empresas. Esto es, básicamente, una política asistencialista: se entregan bonos hoy para justificar una arquitectura de desigualdad que durará décadas.
Chile no necesita más teorías de chorreo que nunca llegan a concretarse. Necesita una estructura tributaria donde quienes más ganan contribuyan de manera proporcional a la construcción del país. Este Plan de Reconstrucción Nacional, más que un motor de desarrollo, parece más bien un traje a medida para los directorios de las grandes empresas, confeccionado con la esperanza de una clase media que, una vez más, se queda mirando desde afuera cómo se reparten la torta.