Impacto ha generado el informe de Contraloría sobre licencias médicas irregulares, que implica a más de 25 mil funcionarios del Estado, en un trabajo que se realizó con el cruce de información entre MINSAL y la PDI. La contralora Dorothy Pérez anunció una investigación a Fonasa, la Compin y la Superintendencia de seguridad social, para aclarar si hubo falta de control, considerando las facultades de los organismos.

Además señaló que este tipo de fiscalizaciones se va a realizar de manera anual, para tener constantemente un panorama acerca del uso de este instrumento de seguridad social.

La contralora solicitó que “se evalúen mayores atribuciones para nuestra institución para requerir bases de datos o solicitar cartolas de bancos de servicios públicos o que podamos aplicar directamente sanciones luego de hacer una auditoría (…) Quisiera también más atribuciones a otros organismos que pueden ejercer el rol de control como son las superintendencias de salud”.

En RVL, conversamos con el presidente nacional de la ANEF, José Pérez, quien cuestionó la postura de la contralora, debido a que considera que sí existen fuertes atribuciones del organismo.

"Escuchando la comisión de salud el lunes pasado a la contralora, yo creo que ante la solicitud de más facultades hay que precisar dónde y para qué, porque ya las tiene. Hay una ley en particular que es la ley orgánica de la propia Contraloría, que entrega facultades como estos casos. Hay algunas limitaciones sin duda que uno podría tener a la vista, pero muy acotadas", dijo.

El dirigente de la ANEF profundizó en el tema de Contraloría, demostrando una preocupación: "No podría convertirse en una policía, digo en términos generales, por supuesto, sin ser peyorativo, que esté ahí detrás cazando brujas. Yo creo que lo que está haciendo en la historia la Contraloría, en más de 200 años es notable, es importante porque hay muchos funcionarios responsables de carrera que realizan un buen trabajo público", agregó.

En ejemplos de fiscalizaciones, José Pérez menciona los casos Milicogate y Pacogate, "también fue detectado por la propia Contraloría en la acción de la mala política pública de algunos integrantes en el Congreso, etcétera, y también el funcionamiento del Estado, porque eso le corresponde. Así que yo diría, uno estaría atento y mirando dónde y cómo, pero en términos generales, yo creo que ya tiene facultades y cuenta una herramienta potente", apuntó.

También recordó los conflictos que se han instalado entre el organismo que representa a los funcionarios públicos y el órgano contralor por materias de regulación laboral: "En el caso nuestro en algunos dictámenes relacionado incluso con pre y postnatal que afecta a nuestras compañeras mujeres, también es más bien de retroceso que de avance en una gestión cuando aparecen dictámenes que a lo menos tenemos y lo digo responsablemente como más bien dictámenes antilaborales y antisindicales", sentenció.