A un año de la firma del contrato de arriendo del edificio Cochrane —actual sede del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la región de Valparaíso— funcionarios y gremios levantaron la voz para denunciar las graves deficiencias estructurales y sanitarias del inmueble, que alberga a cerca de 190 trabajadores, además del personal de seguridad y aseo.

Representantes gremiales expusieron una cronología detallada de los hechos que obligaron al traslado del MOP a este nuevo recinto, luego del incendio que afectó los ascensores del edificio Esmeralda, hecho que motivó a la Seremi de Bienes Nacionales a exigir la relocalización inmediata de los servicios públicos ahí instalados.

Sin embargo, lejos de mejorar las condiciones laborales, el traslado ha generado una serie de problemas que, a juicio de las y los trabajadores, ponen en riesgo su salud, dignidad y seguridad. Entre las principales denuncias figuran fallas eléctricas sin regularización, problemas graves de ventilación y climatización, la inexistencia de una red húmeda contra incendios, y la falta de un plan de evacuación o emergencia actualizado.

Uno de los aspectos más críticos se relaciona con las fallas en la planta elevadora de aguas servidas, lo que provoca malos olores en las oficinas y filtraciones en los baños del sector de Vialidad, generando un entorno insalubre e indigno para desempeñar labores administrativas.

Paulina Cárdenas, Coordinadora Regional de las y los trabajadores del MOP afiliados a la ANEF, afirmó:  “Lo que necesitamos es que las autoridades dejen de actuar de manera reactiva y comiencen a asumir su rol de forma proactiva. Las y los trabajadores no pueden seguir esperando que se repare un edificio que nunca debió ser habilitado en estas condiciones”.

Junto a ella, Damaris Díaz, subcoordinadora planteó que aunque las autoridades han iniciado algunas gestiones, las y los funcionarios sostienen que estas han sido tardías e insuficientes, impulsadas más por la presión de los gremios y los sumarios sanitarios en curso que por una real voluntad de resguardar los derechos laborales.

Actualmente, el edificio está bajo fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), existe un sumario sanitario en curso y el caso ha sido puesto en conocimiento de la Contraloría General de la República, lo que da cuenta de la gravedad de la situación.

Desde la mesa regional de trabajadores del MOP reiteraron su disposición al diálogo, pero criticaron haber sido excluidos de reuniones clave respecto a la situación del edificio. Exigen ser incorporados nuevamente a las mesas de trabajo y mantenerse informados sobre cada paso en la búsqueda de soluciones.

Los gremios hicieron un llamado urgente a las autoridades regionales y nacionales a exigir al propietario del edificio la reparación inmediata de las fallas, y a disponer de los recursos necesarios para asegurar un ambiente laboral adecuado.

La situación denunciada por los trabajadores del MOP en Valparaíso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones dignas en sus propios espacios laborales, especialmente en casos de arriendos a privados que no cumplen con estándares mínimos.