La Región de Valparaíso es la que tiene la tercera mayor sobrepoblación penal en el país, con un 175% de ocupación, según se desprende de la información que maneja Gendarmería, la que da cuenta de que la región de Atacama encabeza esta compleja situación con un 226.7%, seguida de El Maule con 201.8%.

Según este reporte, las unidades penales de la Región de Valparaíso poseen un total de 3 mil 146 plazas, pero albergan a 5 mil 505 personas privadas de libertad, lo que da cuenta de la saturación de estos recintos, lo que a su vez impide que existan alternativas para la reinserción habida cuenta de este número de personas, que varía día y con clara tendencia al aumento, como ocurre en todo el país. De ese número, 5.096 personas están registradas como de sexo masculino y 409 de sexo femenino.

Se trata de un hecho que ha sido alertado por autoridades del Poder Judicial y de derechos humanos respecto de las consecuencias que tiene esta saturación de población penal respecto de la cual existe plena conciencia entre las autoridades, pero que asoma como un problema de muy improbable solución, lo que ha quedado en evidencia luego del anuncio del Gobierno de construir un nuevo penal en la Región Metropolitana.

Asimismo, diversas voces han planteado la imposibilidad de reinserción que supone este hecho, habida cuenta también de las nulas alternativas existentes en este momento, sin que siquiera se ponga en el tapete la falta de respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Al desagregar la situación en las distintas cárceles de la zona, salvo la de Rapa Nui, todas las demás tienen sobrepoblación. La sobrepoblación se produce una vez que se supera el 100% de la ocupación de plazas. De este modo, Limache anota la más alta ocupación, con un 251%, seguida de Quillota con 222%. Los penales que tiene mayor capacidad como San Antonio y Valparaíso ostentan ocupaciones de 195% y 166%, respectivamente. Asimismo, Los Andes tiene 153.9% de ocupación, San Felipe 185.9%, Casablanca 122.9% y Petorca 177.5%.

La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez, apuntó a que el sistema carcelario va funcionando de manera nacional, distribuyendo presos, dependiendo de las condiciones. Igualmente recordó que en Valparaíso hubo que recuperar infraestructura con muchos daños.

La misma seremi señaló que uno de los puntos que se debe considerar para el funcionamiento de las cárceles, es la posibilidad de ir aplicando no sólo condenas privativas de libertad, sino, buscar opciones en libertad, para bajar los índices de reincidencia.

Este aspecto también fue abordado por el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Fernando Martínez, quien considera que las cifras llevan a preocuparse, pero además considera que la privación de libertad, como sanción del Estado, no puede ser la única forma de entender la seguridad, ya que deben aplicarse programas de reinserción, para evitar la reincidencia, nuevos delitos y nuevas penas.

En cifras, la Región Metropolitana, donde se concentra la mayoría de la población carcelaria, anota un 154%.