Con alrededor de $800 mil millones contará el nuevo Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios que hoy la Sala de la Cámara apoyó en forma unánime, en tercer trámite, y dejó en posibilidad de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República.

El objetivo de este Fondo será solventar todo tipo de gastos para enfrentar los efectos y necesidades causadas por los incendios en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, de la región de Valparaíso. Es menester recordar que estos megaincendios dejaron como saldo 135 personas fallecidas. Además, hubo más de 11,3 hectáreas y 8.188 hogares destruidos, con más de 21 mil damnificados.

Específicamente, el proyecto (boletín 16704) determina que el citado Fondo se extinguirá de pleno derecho el 31 de diciembre de 2026. O, en su defecto, cuando se produzca el completo agotamiento de sus recursos. En este marco, el Senado agregó que el saldo que exista en la cuenta al tiempo de la extinción del Fondo se transferirá al Fondo de Estabilización Económica y Social.

Con los recursos se espera financiar los siguientes ítems (ver más detalles):

Reposición y construcción de viviendas.
Intervenciones, proyectos y acciones de inversión para la habilitación, desarrollo, equipamiento, urbanización y arborización de espacios de uso público.
Subsidios de fomento productivo.
Subsidios laborales, para personas que pierdan o corran un grave riesgo de perder su fuente laboral.
Acciones y prestaciones de apoyo psico-social para personas afectadas.
Reposición, reconstrucción y habilitación de infraestructura pública dañada. 

Estos gastos se podrán ejecutar a través de programas creados para este efecto en las Leyes de Presupuestos de los años 2024, 2025 y 2026. También mediante decretos o leyes específicas para esos programas. Incluyen acciones ejecutadas a través de municipalidades y personas jurídicas sin fines de lucro.

En todo caso, se establece que las acciones implementadas o financiadas con cargo al Fondo no se extenderán por más tiempo que el de su existencia. La salvedad estará dada en proyectos de inversión identificados con anterioridad a su extinción.

El Fondo se financiará con los aportes provenientes de activos disponibles del Tesoro Público. Su administración estará a cargo del Ministerio de Hacienda, cartera que deberá informar a las comisiones de Presupuestos y de Hacienda del Congreso sobre los avances en la ejecución de los recursos, detallando las medidas financiadas, montos asignados y objetivos, entre otros puntos.

Según lo explicado por el Ejecutivo durante el trámite, el 91% de los dineros se destinarán al eje habitacional y a entorno urbano. La mayor parte de los dineros provendrán de un nuevo impuesto y el remanente de reasignaciones presupuestarias.

El impuesto sustitutivo de impuestos finales que se introduce en esta ley se dirige a contribuyentes sujetos al impuesto de primera categoría. Permite acoger a este gravamen las utilidades anotadas en el registro de rentas afectas a impuestos (RAI) a contar del 1 de enero del 2017. Aquí se incluyen las utilidades acumuladas en el fondo de utilidades tributables (FUT) al 31 de diciembre de 2016.

Con la declaración y pago del impuesto sustitutivo, se entenderá cumplida totalmente la tributación del impuesto a la renta de las utilidades acogidas.

El proyecto, igualmente, modifica la Ley de Rentas Municipales. Permite a las municipalidades rebajar o excepcionalmente eximir del pago de derechos municipales a las subdivisiones de terrenos fiscales que se requieran para ejecutar los proyectos del Plan de Emergencia Habitacional.

Incluye a aquellos proyectos destinados a la reposición y construcción de viviendas, equipamiento, proyectos de urbanización y otros relacionados con la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios que afectaron la región.

Debate del proyecto
Intervinieron en la discusión Camila Flores (RN), Jaime Sáez (RD), Agustín Romero (PREP), Diego Schalper (RN), Jorge Brito (RD), Hotuiti Teao (IND), Tomás De Rementería (IND), Jorge Rathgeb (RN), Luis Sánchez (PREP), Nelson Venegas (PS), Diego Ibáñez (PCS), Leonidas Romero (IND), Sergio Bobadilla (UDI), Héctor Barría (DC), Karol Cariola (PC), Chiara Barchiesi (PREP) y Sara Concha (PSC).

Todos los expositores anunciaron su apoyo a la propuesta. Consideraron relevante que las y los afectados cuenten con estos recursos disponibles en el Fondo. Sin embargo, solicitaron actuar con mayor diligencia y efectividad, replicando con ello la crítica de los propios vecinos.

También se llamó a fiscalizar el correcto uso de los dineros y verificar que lleguen a las personas.

Otras opiniones relevaron la necesidad de que la reconstrucción contemple un mejor diseño de los barrios. Esto implica contar con espacios de resguardo, plazas, grifos, accesibilidad real, etc. evitando así que, frente a posibles eventos futuros, las y los vecinos no queden atrapados, como ocurrió con muchas de las víctimas de febrero pasado.

Finalmente, se planteó la importancia de generar más acciones preventivas y contar con un financiamiento permanente para estos fines.