En el último año, los poderes Ejecutivo y Legislativo se han volcado con dedicación a intentar construir una ley que permita aplicar los fallos de la Corte Suprema, resguardando las coberturas de los afiliados y la estabilidad del sistema de salud. Pero, en su estado actual, el proyecto de Ley Corta es inútil, pues sin acuerdo para su implementación e incumpliendo la condición base de restablecer el equilibrio financiero, falla en su propósito.

Para dar curso a los ajustes, es imprescindible normalizar la operación del sector. De aprobarse la ley como está o si no hay ley, será el término de las Isapres, pues los ingresos ya son insuficientes para solventar el costo en salud de los beneficiarios. Ninguna circular ni norma administrativa podría corregir esto.

Si no se da viabilidad al funcionamiento del sector, se fuerza irremediablemente el cese de las coberturas de los beneficiarios, por las que libremente han optado, con graves consecuencias en la mantención de sus tratamientos médicos y en la red de prestadores de salud, completando así la crisis que tan intensamente se ha buscado evitar.

Restan pocas semanas para definir el futuro de todo el sector privado de salud y, por consiguiente, el devenir del acceso a la salud de los chilenos. Hacemos un llamado en esta etapa crucial a la Comisión Mixta y al Ejecutivo, a consensuar un acuerdo que evite el desenlace que, suponemos, nadie quiere.

El sistema de salud requiere una reforma mayor, que respaldamos y queremos ayudar a construir. Para eso, el tránsito no debe ser desde una crisis profunda del sector salud, que nos haría retroceder en lugar de avanzar hacia un sistema más equitativo, y con mejores respuestas a las necesidades de los pacientes.