Continúa el debate por posibles desalojos en San Antonio, ratificados para un plazo máximo de seis meses, luego del fallo ordenado por la Corte Suprema. Varios campamentos surgieron en plena pandemia, y hoy esta forma de habitar alberga a cerca de 15 mil personas, en un total de 260 hectáreas.  

Conversamos con Karina Ayala, vocera del campamento Nuevos Aires de San Antonio, que agrupa a cerca de 1.500 familias, señala que las personas a sí mismas se consideran “Mega Campamento” y no “Mega Toma”, a propósito que se encuentran en el Registro nacional de campamentos, perteneciente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Esta diferencia no deja de tener un antecedente legal: en la polémica ley anti tomas tramitada recientemente por el Parlamento, se excluían de los nuevos mecanismos de desalojo a los sectores poblados que se encontraran en el Registro nacional de Campamentos, que pertenece al Ministerio de Vivienda. 

El espíritu de ese aspecto de esta polémica ley, era no ser punitivos con aquellos sectores en que se estaba aplicando algún tipo de política pública para resolver su situación social.

Pero además, el apropiarse del concepto “Mega Campamento”, haciendo referencia al registro del MINVU, daría cuenta de exigir un reconocimiento del Estado como ente que debe tomar acciones concretas para asegurar un derecho básico fundamental como es la Vivienda.