Es un hito para el país y las víctimas. El llamado a formalizar a altos mandos y ex mandos de Carabineros es una buena señal del Estado de Chile tras una seguidilla de malas señales dadas por la institución policial. El serio y persistente trabajo de la Fiscalía Regional Centro Norte permitirá que Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate sean formalizados el próximo 7 de mayo. 

Ricardo Yáñez se desempeñaba como director de Orden y Seguridad durante las protestas de 2019 y actualmente es el general director de Carabineros. El segundo es quien tuvo este mismo cargo durante el estallido social y el tercero es un general en retiro y ex subdirector de la institución. Cada uno de ellos, desde sus determinantes cargos, pudieron haber evitado las consecuencias dramáticas e irreversibles que dejó a personas muertas, mutiladas y violentamente afectadas, pero lamentablemente no fue así.   

Hoy a más de cuatro años de los hechos, la querella por responsabilidad de mandos presentada por entidades de la sociedad civil desencadena en una formalización que da una cuota de esperanza a un país que conoce mucho de impunidad.

Entre las malas señales que hemos visto a lo largo de este caso está la insistente falta de colaboración del general Ricardo Yáñez en la investigación. En al menos siete oportunidades no compareció a declarar y cuando asistió hizo uso de su derecho a guardar silencio. 

Hay que recordar también que en marzo del año pasado realizó afirmaciones que podrían cruzar la línea de la deliberación cuando interpeló al congreso para que legislara de una determinada manera, y mencionó que las policías no podían estar bajo el escrutinio o cuestionamiento de la Fiscalía ni de ninguna otra autoridad. 

Sin duda son malas señales, pues resulta cuestionable que el máximo jefe policial haya actuado de esa manera cuando es él quien debe dar el ejemplo y garantizar que los integrantes de su institución cumplan sus deberes de servicio y obligaciones como auxiliares de la justicia penal. Así como el general Yáñez debe sancionar incumplimientos de sus subordinados, él y los otros mandos de Carabineros deben rendir cuentas por sus acciones u omisiones. En esta ocasión les tocará afrontar la justicia por su rol en la forma desproporcionada y contraria al derecho internacional con que se reprimieron las protestas masivas de 2019.

Amnistía Internacional ha sido enfática y se ha mantenido firme en la convicción de que las investigaciones no se pueden agotar en quienes apretaron el gatillo, deben escalar hasta donde sea necesario. 

La organización documentó las violaciones de derechos humanos en su informe “Ojos sobre Chile”, el cual puso en evidencia que los mandos y ex mandos que pronto serán formalizados sabían de lo que estaba ocurriendo a través de información pública y oficial.  Por ejemplo, reportes internos informaron de las reiteradas y graves lesiones causadas a diario con la munición disparada con escopetas o el uso de lanzagranadas.

Sin embargo, los mandos estratégicos demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad y que los casos de trauma ocular seguían aumentando. Este es un ejemplo entre muchos otros abusos cometidos durante ese periodo.

En tanto, en 2022 Amnistía Internacional presentó un nuevo informe a la Fiscalía Nacional con una recopilación de estándares internacionales respecto de la responsabilidad penal por omisión de los mandos de Carabineros. Luego representantes de la organización declararon durante la investigación presentando más antecedentes. Y a fines del año 2023 el organismo de derechos humanos movilizó a sus simpatizantes a nivel global para instar a la Fiscalía de la Región Metropolitana Centro Norte a que formalizara a los mandos de Carabineros si existían pruebas suficientes para aquello.

Hoy cuando ya está anunciada la formalización se espera que se avance hacia el procesamiento y juicio de todas aquellas personas responsables de los crímenes cometidos, esto bajo todas las garantías del debido proceso y juicio justo como corresponde siempre. Las graves violaciones a los derechos humanos no pueden quedar en la impunidad y esa es una señal para nuestro país y para toda América Latina.