El Ministerio Público informó en la noche de este martes, una reestructuración en las investigaciones por el Caso Convenios.

En un comunicado, el organismo infomó la resolución. "El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió consolidar las diversas investigaciones del Caso Convenios que se estaban realizando en diferentes regiones del país. El objetivo de esta medida es organizar y optimizar los recursos destinados a estas causas", señalaron.

"De esta forma, las investigaciones relacionadas a la Fundación Pro Cultura presentes en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, quedaron radicadas en la Fiscalía Regional de Aysén, liderada por el fiscal regional Carlos Palma", informaron.

"Asimismo, las investigaciones relacionadas a Enlace Urbano y Fundación Enred Social contenidas en Arica, Atacama, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Araucanía, Los Rios y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quedaron agrupadas en la Fiscalía de Tarapacá, a cargo del fiscal regional Raúl Arancibia", agregó.

"Por último, las investigaciones relacionadas a Fundación Urbanismo Social en Biobío, Araucanía y Los Lagos, quedaron en manos de la Fiscalía Regional Antofagasta, a cargo del fiscal regional Juan Castro Bekios", apuntaron.

"Los fiscales regionales a cargo de las investigaciones podrán actuar apoyados por los fiscales adjuntos que designe, sin perjuicio que, además, actuarán respaldados en cada región por los fiscales que actualmente están a cargo de las diversas investigaciones penales que se especificaron", finalizó el comunicado.

En la Región de Valparaíso las indagatorias estaban a cargo de la unidad regional anticorrupción, con el fiscal Claudio Reveco. Con esto, se distribuyeron las dos aristas: una relacionada a Pro Cultura, que ahora está a cargo del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma; la otra está conectada a Enlace Urbano y Fundación Enred Social, ahora a cargo del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia.    

Esto supondría un cambio en la forma de presentar el enfoque de la investigación, ya que, desde el punto de vista inicial que había colocado el eje en las indagatorias realizadas sobre el Ministerio de Vivienda y/o en los gobiernos regionales, los cambios comunicados por el Ministerio público habrían significado seleccionar las causas y poner la atención en las organizaciones involucradas en los traspasos de dineros.