Más de 60 organizaciones migrantes y promigrantes firmaron una carta que fue entregada el lunes 6 de noviembre en el Servicio Nacional de Migraciones, manifestando su preocupación y alerta en relación al proceso de empadronamiento, por su probable vinculación con la ejecución de expulsiones administrativas.
La carta, dirigida al director Eduardo Thayer, señala que desde que comenzó a implementarse el Empadronamiento plantearon sus dudas, aprehensiones y propuestas al respecto. “Vemos con máxima preocupación cómo las dificultades y vacíos no sólo se mantienen, sino que se agravan, llegando a producirse situaciones que podrían considerarse vulneración de derechos por parte del personal de la PDI al momento de desarrollar el procedimiento, generando mucho temor en integrantes de nuestras comunidades. Particularmente, nos referimos a casos en los que a personas, que de buena fe, sin tener antecedentes penales, habiendo pedido su cita y concurrido voluntariamente al empadronamiento, se les ha detenido con el objeto de expulsarlas del territorio nacional por tener en el sistema una orden administrativa de expulsión (que muchas veces ni conocen ni pueden ver), debido a que entraron a Chile por paso no habilitado, aunque tengan arraigo en el territorio nacional e incluso se haya presentado algún recurso en tribunales y se encuentran a la espera de conocer el resultado” indica el escrito.
Lo más preocupante, manifiestan las organizaciones, es cuando estos procedimientos han involucrado a niños, con todo el impacto que esto tiene para su desarrollo e integridad. Por esto, solicitan se informe cómo se van a garantizar los derechos fundamentales de las personas que concurran al empadronamiento, especialmente a que tengan un procedimiento justo y con enfoque de derechos.
Ante esta situación, plantean que se encuentran en un estado de alerta en relación al proceso de empadronamiento, “lo que incluye suspender cualquier forma de apoyo al mismo, hasta tanto no contar con información y condiciones imprescindibles, en el marco de garantía de derechos que todas las personas merecen”.
Además solicitan se informe sobre el objetivo del Empadronamiento y las propuestas del SERMIG sobre una eventual regularización, considerando que para las comunidades migrantes, la irregularidad es una verdadera condena, que les impide vivir con la dignidad que merecen y aportar al país como quisieran. Y manifiestan su disponibilidad para colaborar en la implementación de las políticas de su institución, siempre que se desarrolle en el marco del respeto a los derechos que toda persona tiene, independientemente de su nacionalidad y condición migratoria.