Según cifras de la Fiscalía Regional de Valparaíso, del universo de detenidos en flagrancia, aproximadamente sólo un 5% corresponde a ciudadanos extranjeros, y de ellos, menos de la mitad están de manera irregular en el país.

Con fecha 10 de abril el Fiscal nacional, Ángel Valencia, a través de un oficio instruyó a todos los fiscales del Ministerio Público solicitar la medida cautelar personal de prisión preventiva establecida en el artículo 140 del Código Procesal Penal, concurriendo los presupuestos materiales contenidos en las letras a) y b) de dicha norma, fundado en lo señalado en la letra c) de esa disposición, esto es, en la existencia de peligro de fuga en todos aquellos casos de imputados por crímenes o simples delitos que fueran pasados a audiencia de control de detención, que no cuenten con un documento identificatorio chileno que permita acreditar su identidad.

Esto tanto para ciudadanos chilenos cuyas huellas no estén registradas en el Registro Civil, como también para extranjeros que se encuentren en el país de manera irregular y que hayan cometido un delito.

Desde la semana pasada comenzaron todos los fiscales en audiencia de control a utilizar este criterio en la región y se han presentado hasta este miércoles 12 de abril sólo siete casos de ciudadanos extranjeros, imputados por algún delito, sin un documento identificatorio chileno que pueda acreditar su identidad, seis de ellos por delitos flagrantes y uno por orden de detención.

La fiscal regional, Claudia Perivancich, sostuvo este miércoles una reunión de coordinación con todos los fiscales jefe, para evaluar el cumplimiento del instructivo del Fiscal Nacional y efectuar los ajustes pertinentes a la realidad regional.

Además, la primera autoridad regional explicó a los fiscales que está realizando coordinaciones con el Servicio de Registro Civil, para poder avanzar en una identfcación lo más oportuna posible. Se refirió a esto en RVL el director regional Rodrigo Ureta.

Este tipo de proceso presenta ciertas complejidades en la región, debido a la dispersión territorial de Fiscalías y Tribunales y a la carencia de turnos 24/7 del Servicio de Registro Civil.