Al cumplirse 100 días del inicio de las protestas sociales en Perú, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo: “A pesar de los reiterados llamados que toda la comunidad internacional ha realizado a las autoridades peruanas de parar de una vez los ataques generalizados con marcado sesgo racista contra las personas que protestan en el país, en particular indígenas y campesinas, seguimos viendo cómo la represión sigue siendo la única estrategia para lidiar con las demandas de la gente. Las autoridades son responsables por los hechos ocurridos bajo su mando y tienen la obligación de garantizar que quienes protestan no estén en riesgo de morir o ser gravemente heridos solo por expresar su descontento”.
Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, añadió: “Han pasado 100 días desde el inicio de un período muy doloroso para el país. Decenas de familias están de luto o están viendo cómo apoyar a sus seres queridos que han quedado con lesiones graves. Unidas, han encontrado aliento y fortaleza para exigir profesionalismo a unas instituciones que no demuestran tener las herramientas ni la iniciativa para llegar a la verdad, justicia y reparación. Hoy más que nunca es necesario que la Fiscalía avance decididamente en investigaciones imparciales y exhaustivas, dedicando recursos y personal suficiente para que no haya impunidad.”
A raíz de estos hechos, se han desarrollado manifestaciones en distintas zonas del país que han sido reprimidas violentamente por la policía y los militares. Hasta el momento han fallecido 48 personas presuntamente por la acción de los cuerpos de seguridad, y miles de personas han sido heridas, varias de ellas de gravedad, mayoritariamente en las regiones sureñas de Ayacucho, Apurímac y Puno.
Desde el 7 de diciembre de 2022, Perú ha vivido una nueva escalada en la continua crisis política que vive desde hace varios años, tras el conflicto de poderes generado entre la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Constitucional que derivó en la detención del entonces presidente Pedro Castillo y en la juramentación de la vicepresidenta Dina Boluarte como nueva presidenta.
El 16 de febrero, después de desplegar un equipo regional de respuesta a crisis en el país, Amnistía Internacional denunció la violencia letal y con sesgo racista empleada contra quienes protestan, siendo indígenas y campesinas la gran mayoría de las personas fallecidas y con lesiones graves.
La organización recomendó a las autoridades un cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones, poner fin al uso de armas letales y evitar el uso ilegal de armas menos letales para dispersar protestas; avanzar adecuadamente con investigaciones completas y expeditas de los hechos; evitar la estigmatización de las personas que protestan; y apoyar económica y psicológicamente a las personas afectadas por la violencia estatal y sus familiares. Además, instó a la comunidad internacional a tomar un rol más activo, llamando a Perú a frenar la represión y fomentar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas.