Amplio apoyo recibió el proyecto que crea un régimen de protección y reparación integral para las víctimas de femicidio y sus familias (boletín 14013). La moción fue aprobada en general en la Sala en noviembre. Tras lo cual, volvió a ser analizada en la Comisión de Mujeres, donde el Gobierno presentó indicaciones a la norma. La principal modificación propuesta fue la creación del derecho a una pensión de las y los hijos de las víctimas de femicidio o suicidio femicida.

La pensión se obtendrá desde el momento en que la Dirección del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género notifique a quienes sean reconocidos como merecedores. El beneficio se pagará hasta que, la o el hijo de la víctima, cumpla 18 años y será compatible con cualquier pensión o beneficio social.

El informe de la diputada Karol Cariola (PC), señaló que el monto ascenderá a $160.000 y será pagado mensualmente a las y los beneficiarios. El reajuste de la pensión será el 1 de febrero de acuerdo al IPC determinado por el Instituto de Estadísticas.

Por su parte, la diputada Gael Yeomans (CS) informó que se estima que la norma beneficiará a 46 niños y niñas. Esto significa un gasto aproximado de 795 millones de pesos.

La moción también considera otras medidas propuestas por el Ejecutivo durante el trámite en las comisiones de Mujeres y Hacienda. Una de ellas señala que un reglamento regulará el pago de la pensión. En él se establecerá la forma de acreditar los requisitos para su otorgamiento, causales de extinción o suspensión y otras normas de funcionamiento.

Asimismo, la norma garantiza el fuero laboral, por hasta un año, a víctimas de femicidio frustrado o tentado. Para esto, la afectada deberá presentar al empleador la denuncia interpuesta ante las policías o el Ministerio Público.

El texto también señala que el beneficio será retroactivo para quienes, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cumplan con los requisitos. Además, establece que el gasto fiscal que irrogue su aplicación se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, la norma establece la suspensión y privación de derechos y responsabilidades parentales a quienes comentan este delito. También se establece que quienes sean reconocidos como víctimas de un femicidio, accederán prioritariamente a beneficios y programas estatales, con el objeto de garantizarles un adecuado nivel de vida. La propuesta, que alcanzó el quorum necesario en cada una de las votaciones, pasó a segundo trámite legislativo al Senado.

La mayoría de las intervenciones valoraron la necesidad de que el Estado proteja a las y los hijos de víctimas de femicidio. Así también, las medidas de protección y de priorización en políticas públicas para las y los afectados. Junto a esto, reconocieron el trabajo de las agrupaciones ciudadanas que empujaron la tramitación de esta iniciativa. Del mismo modo, reconocieron la necesidad de seguir avanzando en la eliminación de las brechas de género.

Por otro lado, las críticas al proyecto se centraron en que esta norma afecta la igualdad ante la ley. En esa línea calificaron como una injusticia que se entregue un beneficio a las y los hijos de víctimas de femicidio y no de otro tipo de asesinatos.

Al respecto, desde el Ejecutivo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, criticó que se señale como “privilegiados” a las y los niños que recibirán este beneficio. “Aquí no hay aprovechamiento de nada”, sino que la visibilización de la situación en que quedan las y los hijos de mujeres víctimas de femicidios.