Múltiples reacciones ha causado el retiro de las 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado anunciadas por la ministra Siches y Ríos de manera inmediata, presentadas en el marco del estallido social. Consultado por aquello, y en particular por la extensión de las prisiones preventivas otorgadas, el fiscal nacional, Jorge Abbott, afirmó que también significa una preocupación para el Ministerio Público el tiempo que se han prolongado las investigaciones.

Abbott afirmó que esta extensión les ha significado que “en la mayoría de los casos tenemos nosotros las audiencias de juicio pendiente”, y que les gustaría “acelerar estos juicios” para concluir las causas.

Asimismo, aseveró que respetan las decisiones que el Gobierno tome en este caso y que, para este caso en particular, están dentro de sus facultades, ya que “somos respetuosos con las decisiones que toman nuestras autoridades”.

Cabe destacar que el retiro de las querellas no implica necesariamente que los tribunales levanten o cambien la medida cautelar de prisión preventiva en los casos en que corresponda, sino que sólo significa que el Gobierno dejará de ser querellante en estas causas.

Sin embargo, esto dependerá de las características de la causa. Por ejemplo, si se imputa un delito estipulado en la LSE y no figura ningún otro, la causa podría terminar y, por tanto, quedar libre quien se encuentre en prisión preventiva, pero es necesario indicar que la mayoría de estas personas también están siendo investigados por delitos comunes, ya sea robo con intimidación, robo en lugar no habitado, entre otros.