En el edificio del ex Congreso Nacional, lugar en que trabaja la Convención Constitucional, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, la alcaldesa de San Antonio, Constanza Lizana, más trabajadores pertenecientes a la Unión Portuaria de Chile, entregaron una Iniciativa de Norma al órgano constituyente con la intención de que la nueva Carta Magna establezca que los puertos paguen impuestos en las ciudades y crezcan armoniosamente en conjunto a ellas, que se consagren verdaderos derechos laborales para sus operario y modificar su sistema de concesiones, entre otros puntos.

La iniciativa estipula en su primer artículo que “el Estado es el dueño absoluto, perpetuo e inalienable de toda la infraestructura portuaria” y que “el diseño, planificación, construcción, administración, operación y mecanismos de vinculación con el territorio y las comunidades de la infraestructura y actividad marítimo-portuaria, son un asunto de interés público”.

Sharp sostuvo en esta instancia que la propuesta sigue el ejemplo de otras Constituciones del mundo, con el fin de desarrollar políticas públicas de regulación de los puertos y la actividad marítimo-portuaria.

En tanto, Constanza Lizana afirmó que “los puertos representan una actividad estratégica para Chile. Sin embargo, las riquezas y ganancias quedan para un grupo pequeño de personas, dejando pobreza en la ciudad donde se encuentran estos. Queremos entender los puertos como un beneficio para Chile, sobre todo para las distintas comunidades donde se encuentran emplazados”.

La jefa comunal de San Antonio aseguró que los puertos son actividades estratégicas, pero que “sus ganancias quedan para un grupo pequeño de personas, dejando pobreza en las ciudades donde se encuentran”.

Para su inscripción, la iniciativa de norma fue patrocinada por algunos convencionales representantes de los escaños reservados que integran la Coordinadora Plurinacional Popular y otros de Pueblo Constituyente, que reúne a ex integrantes de La Lista del Pueblo.