Junto a representantes de diversas organizaciones sociales educativas del país, convencionales constituyentes presentaron una nueva norma ingresada que busca “Incorporar el Derecho a la Educación Pública Estatal-Comunitaria, como derecho fundamental, en el proyecto de Constitución”.

En el articulado de la norma se persigue, como primer punto, que la nueva Carta Magna garantice que la educación “es un derecho humano esencial, indispensable para el ejercicio de los demás derechos. El Estado tiene la función primordial, ineludible e indelegable de garantizar a todas las personas a lo largo de la vida su provisión gratuita y un acceso universal, permanente, inclusivo, democrático e integral”.

En esta línea, el Estado al tener el deber de garantizar dicho derecho, deberá “organizar y gestionar el sistema plurinacional articulado de educación pública de carácter democrático y comunitario, mediante servicios públicos, con financiamiento permanente, directo y basal, esto es, pertinente y suficiente que les permita cumplir plena y equitativamente con su función. Para ello el Estado debe destinar a lo menos el 6% del producto interno bruto del país, de acuerdo a la progresividad que establezca la ley”.

Estos fueron algunos de los puntos expuestos por la convencional Janis Meneses (D6), quien lideró su presentación, resaltando el compromiso de más de 60 representantes constituyentes.

Asimismo, el convencional Jaime Bassa (D7) destacó esta norma ya que “el espacio en el cual se garantiza la universalidad del ejercicio del derecho a la educación es precisamente la educación pública”.

Entre los representantes de la sociedad civil que asistieron se encuentra Eduardo González, vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile, quien destacó varias características de esta nueva norma.

Entre ellas, “asegurar el derecho a la educación como un derecho humano fundamental”, lo que implica el rol garante del Estado. También resaltó “la participación en el sistema escolar”, así como “plasmar un conjunto de definiciones que permitan garantizar el derecho a la experiencia educativa que forme seres humanos desde una perspectiva integral y no economicista”. En relación a este último punto destaca que se busca rescatar “la libertad de enseñanza”, en su sentido pedagógico.

Además de Meneses y Bassa, firmaron por esta norma los convencionales Elisa Loncón, María Elisa Quinteros, Marcos Barraza, Erick Chinga, Damaris Abarca, Tania Madriaga, Claudio Gómez, Bastián Labbé, Constanza San Juan, Valentina Miranda, Mariela Serey, Malucha Pinto, Giovanna Grandón y Loreto Vallejos.