Skip to main content

Oposición parlamentaria declara disposición para seguir judicializando licitación del litio

14/01/2022
Comparte

Numerosas han sido las maniobras anunciadas y presentadas por parlamentarios de oposición ante la licitación del litio que fue adjudicada a dos empresas por un total de 121 millones de dólares para el Estado entre ambas, levantando desde recursos de protección hasta requerimientos ante la Contraloría para que se detenga el proceso.

Varios diputados del Partido Socialista ingresaron esta semana un recurso ante la Contraloría General de Chile para dejar sin efecto esta licitación, solicitando que se revise la legalidad en el proceso de adjudicación que entrega 80.000 toneladas de litio a las empresas BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

Ante ello, el diputado por Valparaíso, Rodrigo González (PPD), indicó que esta batalla legal no se detiene aquí, ya que están dispuestos a presentar “todos los recursos que correspondan” para detener la licitación, argumentando que con ello se “ha sido cometido un gran latrocinio en contra de los intereses nacionales, pero se está perpetuando”.

Asimismo, la diputada por el distrito 6, Carolina Marzán (PPD), señaló que la semana pasada comenzaron esta ofensiva con un recurso de protección y uno de reposición en apoyo, centrado en el no respeto a la Consulta Indígena y la inexistencia de un Estudio de Impacto Ambiental, afirmando que están disponibles para llegar hasta la Corte Suprema.

El senador Juan Ignacio Latorre (RD) afirmó que es necesario avanzar en una estrategia nacional del litio como lo propuso el Presidente electo, Gabriel Boric, y sostuvo que el actual mandatario “se amarró” con esta licitación, remarcando la “historia de corrupción detrás de este recurso”.

Cabe destacar que el pasado martes la Sala de la Cámara de Diputados declaró admisibles dos proyectos del PC y la DC que, a través de distintas fórmulas, buscan suspender la licitación del litio. Según explicó el diputado Boris Barrera (PC), el artículo 65 de la Constitución vigente “efectivamente establece que es atribución exclusiva del Presidente de la República disponer todo lo que son los contratos en materia de concesiones”, pero que “hay que recordar que el litio tiene un estatus jurídico distinto, no es un mineral concesible”, por lo que el Congreso tendría herramientas para detener este proceso.