Esta mañana, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó prisión preventiva por 60 días para dos Carabineros, quienes están siendo formalizados por los delitos de apremios ilegítimos con homicidio frustrado cometidos por funcionarios públicos y disparos injustificados, ejecutados en el marco del estallido social en la Ciudad Jardín durante 2019, más específicamente, el 22 de octubre de ese año, contra ocho personas.

Estos delitos se encuentran siendo defendidos por la Fiscalía en el juicio, quienes exhibieron un video que habría sido grabado por un transeúnte y que, en doce minutos de duración, expone a diversos efectivos policiales dispersando a los asistentes a una manifestación en Plaza Sucre de Viña del Mar. Uno de ellos que poseía el cargo de Capitán y el otro de Sargento.

Además de apremios ilegítimos y disparos injustificados, uno de los policías se encuentra formalizado por falsificación de documento público.

En la audiencia, el Ministerio Público expuso que los asistentes que se vieron afectados por sus actuaciones sufrieron fracturas en diversas zonas de su cuerpo, además de lesiones de carácter grave provocadas por balas y balines, razón por la cual se solicitó la prisión preventiva que fue concedida al finalizar la jornada.

La magistrada Loreto León argumentó que, gracias a este video, es claro que uno de los efectivos apunta su arma de fuego a las personas que se encontraban reunidas en la plaza, lo que, a su juicio, “es poco profesional, porque podrían producir lesiones y son elementos que una persona que usa armas de fuego, debe ponderar cuando la usa”.

Asimismo, señaló que también se puede ver claramente cuáles son los Carabineros que efectúan los disparos hacia los asistentes, cuya distribución en la plaza, posesión del arma e identificación de la bala en el cuerpo de una víctimas, fueron pruebas suficientes para respaldar la medida cautelar elegida.

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aplaudió que el juzgado haya acogido la solicitud de prisión preventiva al escuchar las argumentaciones que entregó el Ministerio Público.

La magistrada fijó en 60 días el plazo de investigación, por lo que dispuso la internación de los carabineros en unidades policiales diferentes para evitar el contacto entre ellos durante la investigación.