Debido a un retraso de años, llegando en algunos casos a los cuatro años de espera, es que diputados y diputadas de la Comisión de Educación de la Cámara Baja presentaron dos iniciativas legislativas para optimizar los tiempos y facilitar los pagos pendientes para miles de profesores y asistentes de la educación que desde el 2017 esperan poder recibir las bonificaciones pactadas por ley de incentivo al retiro.

Los proyectos, uno para los profesionales de la educación, y el otro para los asistentes de la educación, vienen a acotar los plazos de los pagos, mejorar los procesos de postulación, como también a aplicar multas para los responsables de cumplir con las obligaciones, para de esta forma poder regularizar los atrasos.

El diputado Rodrigo González (PPD), impulsor de ambos proyectos, catalogó de “imposible” que se hayan dictado leyes hace más de cinco años y que aún no tengan efecto en los bolsillos de los profesionales afectados, indicando que incluso hay quienes han fallecido sin haber recibido nunca esa ayuda.

La presentación de los proyectos contó con la presencia del Presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz Marchant, quien valoró las iniciativas e hizo un llamado enfático a que se cumpla con la actual legislación.

Finalmente, los asistentes de la educación, representados por Miguel Ángel Araneda, presidente de la Conaech, aseguró que los proyectos vienen a corregir vicios de la ley vigente, asegurando que en el proyecto “no se prioriza a quienes están enfermos, incluso con enfermedades terminales, y lo peor de todo es que tampoco se hace el cálculo en el momento del retiro, sino se hace en la postulación”.

Cabe destacar que la iniciativa fue apoyada por legisladores de oposición, quienes aseguraron que este tema fue un argumento en la pasada Acusación Constitucional contra Raúl Figueroa, pero aseguraron que “ha preferido obviar, mirar para el lado” esta responsabilidad.