Unanimidad existe entre parlamentarios de la Nueva Mayoría que el Ministerio de Educación debe tomar medidas contra las universidades que están cometiendo lucro.
Esto después de conocerse la entrevista de RVL Noticias al fiscal jefe de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, en la cual informó que la Fiscalía demostró traspasos de dineros entre los doce planteles privados investigados y sociedades relacionadas (fundamentalmente inmobiliarias), pero sin que exista una tipificación que permita la persecución penal.
Según Gajardo, en todos los casos “lo que se ha podido establecer es la existencia de pagos importantes de universidades a sociedades relacionadas a los controladores”, sin embargo, “el hecho que fondos de una universidad sirvan para pagar servicios prestados por una institución relacionada, no es constitutivo de delito en nuestro país”.
Ante este escenario y consultados por RVL Noticias acerca del caso, los diputados plantean que existan sanciones del Mineduc. Algunos plantean incluso la revocación del reconocimiento oficial de todas las universidades privadas en las cuales se demostró lucro, tal como se hizo contra la Universidad del Mar el año 2012.
El presidente de la comisión de Educación de la Cámara, Alberto Robles (PRSD), señala que el Mineduc debe tomar las medidas administrativas en los casos que corresponda.
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Mientras tanto, el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson opinó que esto se produce por vacíos legales. Además, pidió ayuda a Gajardo para cooperar con la elaboración de la norma que permita la efectiva fiscalización y sanción.
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Más enfática aun fue la diputada DC y ex ministra de Educación Yasna Provoste, quien sencillamente plantea que las doce universidades involucradas deben ver revocado su reconocimiento oficial.
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Todos los parlamentarios plantearon que en la reforma a la educación superior debe establecerse un mecanismo de control y sanciones para los planteles que lucren con la educación superior.
En la entrevista con RVL Noticias, Gajardo señaló que hubo “retroalimentación” entre el Mineduc y la Fiscalía, aunque “no mucho en el último tiempo”, recordando que el Ministerio de Educación lleva en paralelo investigaciones administrativas por el mismo caso, Provoste planteó que el ministerio debe informar a la comisión del ramo acerca de este proceso, ya sea en una sesión pública o reservada.