La Corporación Municipal de Quilpué decidió realizar una auditoría externa para validar los estados financieros presentados por la administración anterior al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021, y ver si estos representan fielmente el patrimonio de la Corporación. Esto, con el fin de avanzar en materia de probidad y transparencia en su gestión.

Desde la institución informaron que, por una parte, se va a fiscalizar y validar los números que fueron presentados por la administración anterior y por otra, se verificará si las herramientas de control interno que tiene la Corporación están siendo efectivas, para poder ir mejorando de forma continua. Junto con lo anterior, se revisará si existen deudas con proveedores o cotizaciones impagas, para subsanar ese tipo de inconvenientes de la mejor forma.

Así lo expuso el secretario general de la Corporación Municipal, Víctor Ramos, quien agregó que paralelamente a este proceso, se está trabajando en la creación de un nuevo cargo de Jefe(a) de adquisición y contratos, que será la persona encargada de verificar las licitaciones, mejorar el tiempo de entrega, la transparencia, subir las barreras de entrada a más proveedores, disminuir costos y mejorar el control.

Uno de los primeros casos a investigar es el que desde la administración denominan “Caso Tablet”, luego de que el día 8 de marzo la empresa Comercial Álvarez Limitada se adjudicó una licitación por $316.473.360 por la compraventa de 1583 tablets, lo que daría un aproximado de $200.000 por tablet al “por mayor”. Los primeros 50 se debían entregar en los primeros 30 días y los siguientes entre 30 y 45 días corridos.

Si bien no se cumplieron los plazos comprometidos dentro del contrato, el Secretario General de la administración anterior prorrogó el plazo de entrega sin que esta facultad estuviera en las bases de esta propuesta pública, siendo que se debió haber puesto termino el contrato y finiquitar en el primer incumplimiento.

Asimismo, todos los equipos debían haber sido entregados hasta el 14 de mayo, sin embargo, llegaron el 8 de junio, contando a la fecha con diversos reclamos y quejas de fallas. Este irregular proceso incluso expuso a la Corporación a una demanda del resto de los oferentes, lo que fue criticado por Ramos.

Otro de los casos relevantes fue el del abogado César Vergara, quien prestó servicios a la Corporación como Secretario General, abogado asesor externo y, finalmente, como director jurídico. El 2015 renunció a su cargo por falta de tiempo y siguió prestando servicios con contrato de “prestación de servicios jurídicos” hasta el 2019.

En el finiquito que le entrega la Corporación el 2021 se señala que estuvo trabajando para la Corporación de manera ininterrumpida desde el año 2012. Esto hace que él exija el pago de sus cotizaciones desde el año 2015 a 2019, contemplando un pago de $26.712.435 que con multas, intereses y reajustes sube a $76.495.621.

Desde la nueva administración señalaron que deberán hacerse cargo de una situación irregular que dejó la administración anterior, donde con recursos públicos se tendrá que costear los errores cometidos, siendo decenas de millones que podrían ser distribuidos en mejorar la salud y educación pública de la comuna de Quilpué.

Sumado a esto, se encuentra la situación de la hija del abogado Vergara, quien desempeñó el cargo de Directora de Control, habiendo claramente un conflicto de interés, al estar padre e hija en dos cargos directivos de la Corporación Municipal, lo que supone que no existiera un control interno eficaz en este y otros casos. En ese sentido, Ramos aseguró que “no es correcto”, por lo que también se incluirá en este proceso investigativo.

Desde el nuevo equipo de la Corporación Municipal informaron que se trabajará levantando la información, fiscalizando y evaluando qué sanciones corresponden, para así evitar situaciones como esta a futuro.