El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago aceptó el acuerdo entre las defensas y el Ministerio Público y procedió a la suspensión condicional del procedimiento para los formalizados en el caso de la fallida alarma de maremoto el 27 de febrero del 2010.

Así, no habrá juicio oral. Tras cuatro días de audiencias, la jueza Carolina Gajardo señaló que se aprueba la suspensión condicional “por cumplirse con los requisitos legales para ello, validándose la salida alternativa".

En la causa se formalizó al ex subsecretario del Interior Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; y los funcionarios del SHOA presentes dicha jornada: Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.

El acuerdo para la salida alternativa implicó un pago de 235 millones de pesos a repartir entre familiares de 104 víctimas y diez millones de pesos para un seminario sobre el 27-F, sumado a la lectura de una declaración pública sin reconocimiento de culpa.

En ese contexto y en tribunales, Patricio Rosende leyó su declaración.

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Lo propio hizo Carmen Fernández

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Cada familia de estas 104 víctimas del 27-F recibirá cerca de dos millones 600 mil pesos como indemnización. La resolución judicial deberá ser confirmada por la Corte de Apelaciones. La investigación de la causa se prolongó durante seis años e implicó una querella contra la presidenta Michelle Bachelet, respecto de quien el Ministerio Público resolvió no perseverar en la investigación.