Luego de varios intentos y después de posponerse en al menos dos ocasiones, el Juicio Oral contra el ex concejal de La Calera, Karim Chahuán (RN) y otros tres imputados por delitos de tráfico de drogas, robo, falsificación y otros ilícitos, se desarrolló escuchando a cada una de las partes y recogiendo los alegatos de apertura tanto de la defensa como de la Fiscalía.

Representando al Ministerio Público, el fiscal Felipe González relató y resumió la recopilación de pruebas y testigos que atestiguarían que tanto Chahuán como los otros tres implicados, habrían participado en grados de autor y cómplice en diversos delitos ejecutados durante el Estallido Social en 2019.

Entre ellos, el principal es la organización de un saqueo a un centro comercial calerano, junto con robo con intimidación, robo en lugar no habitado con infracción a la Ley de Seguridad Interior de Estado, tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, posesión o tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, tráfico de influencias, obstrucción a la investigación y uso malicioso de instrumento público falsificado.

González apuntó, entre varias pruebas, que Chahuán no fue solo cómplice del robo, sino que habría sido responsable de la coordinación y dirección de dos personas, asegurando así “su impunidad a través del ocultamiento de su participación”.

Asimismo, señaló que fue “autor directo” de hechos relacionados con la fuga, “forzando mecanismos de seguridad que fueron ejecutados por terceras personas”.

En la Defensa, el abogado del ex edil, Juan Carlos Manríquez, criticó que el relato sostuviera, a través de ciertos adverbios, de manera obvia la participación de Chahuán, asumiendo un nivel de participación que debiese ser investigado.

Manríquez sostuvo que la redacción del texto “agrega conductas que no fueron parte de las formalizaciones”, yendo “más allá de la congruencia”.

La sesión retrasó su comienzo debido a que la defensa de Chahuán trató de quitar de la ecuación la querella criminal que fue presentada por la Intendencia de Valparaíso, mientras Jorge Martínez continuaba siendo la máxima autoridad regional, argumentando que el cargo fue eliminado y reemplazado por las figuras del Gobernador Regional y el Delegado Presidencial. Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud y aseguró que “se permite la intervención del Delegado Presidencial como querellante por entender que existe una continuidad de la función pública de gobierno en representación del Presidente de la República”.