Los diputados Tomás Hirsch (AH), Rodrigo González (PPD), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Gonzalo Winter (CS), Maya Fernández (PS), Carmen Hertz (PC), Jorge Brito (RD), y Gabriel Ascencio (DC) presentaron un proyecto de ley que busca regular el uso de los bienes y terrenos considerados Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), que fueron cedidos por el Estado de manera gratuita a los servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones, además de modificar las disposiciones legales y responsabilidades que recaen por la mala utilización de los bienes inmuebles.
Como contexto, la iniciativa de Hirsch y González nace a raíz de dos hechos: el primero tiene que ver con el intento de venta por más de 25 mil millones de pesos de un terreno de 6,8 hectáreas aledaño al Hospital Militar de Santiago, controlado por el Ejército y que se encuentra en la condición de sitio eriazo de hace más de 30 años; el segundo es respecto otra licitación de un terreno de 17 mil metros cuadrados en el sector sur de Antofagasta, también en condición de sitio eriazo, por un monto de $8.870 millones. Ambos inmuebles fueron cedidos gratuitamente por el Estado al Ejército.
Según consta en el documento, la iniciativa busca modificar las leyes 18.712, 18.713 y 18.714 en materia de destinación y enajenación de bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), administrados por los servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, con el fin de “poner término a la subutilización de terrenos, a la disposición de éstos por parte de los Jefes de Servicios de Bienestar y al régimen excepcional de enajenación de dichos inmuebles”. Con esto, se pretende velar por el buen uso de terrenos que fueron cedidos gratuitamente para fines específicos de dichas instituciones y no para su venta.
Al respecto, el diputado Rodrigo González aseguró que urge una nueva regulación para evitar el mal uso y abuso que se está dando a terrenos fiscales, afirmando que deben quedar a disposición de las carteras de Vivienda y Bienes Nacionales, a través de un catastro público.
Por su parte, el diputado Jorge Brito reforzó este punto y ejemplificó que hay situaciones críticas en La Reina y Arica, que fueron traspasados a privados pero no cuentan con registros de la compraventa por parte del fisco, o que son demandados por la comunidad del sector para utilizar el espacio para beneficios colectivos.
Finalmente, la iniciativa, nacida a raíz de las licitaciones del Ejército y de una propuesta de la Fundación “Defendamos la Ciudad”, presidida por Patricio Herman, valoró que un trabajo de meses de investigación se materializara en el presente proyecto de ley y llamó a su pronta tramitación: “es indispensable que se apruebe rápido esta ley para regularizar el asunto de los inmuebles fiscales que el Estado les ha donado a las ramas de las FFAA pues por muchos años se han ofrecido en el mercado inmobiliario sin injerencia alguna del ministerio de Bienes Nacionales. Ha llegado la hora del imperio de la ley, de ponernos a la altura de los países del primer mundo, y estoy seguro que ningún parlamentario se opondrá a su aprobación”.