Transcurridos dos años desde que comenzó la implementación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) para las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón, organizaciones del sector apuntan a la poca efectividad que tiene debido a episodios de contaminación que han seguido ocurriendo, mientras que la autoridad medioambiental aplaude los avances.

En cuanto al progreso registrado, el seremi (s) de Medio Ambiente de la región de Valparaíso, Christian Fuentes, señaló que se han disminuido en un 84% las emisiones de dióxido de azufre (SO2), lo que definitivamente representa un avance positivo.

Sin embargo, organizaciones y habitantes no coinciden con esta apreciación. Marta Aravena, integrante del Consejo de Recuperación Ambiental y Social (CRAS) de Quintero y Puchuncaví, y del colectivo Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia, manifestó que este plan es insuficiente, debido a que solo regula las normativas existentes, desatendiendo la descontaminación del territorio en otros niveles.

Aravena expresa además que los episodios de contaminación atmosférica han seguido ocurriendo durante la pandemia del Covid-19, señalando que habitantes han percibido olores pesados en el ambiente, incluso durante las últimas semanas, pero que desde las instituciones responsables en la fiscalización de aquellos episodios no han recibido respuesta. 

Declaró que estas descoordinaciones les causan temor e incrementan la sensación de desprotección ante otros eventos de contaminación masiva como ocurrió en 2018, del cual aún no existe total claridad de los responsables.

Además de la reducción en la concentración de SO2, desde la cartera regional medioambiental indicaron que cuentan con un monitoreo en línea en tiempo real, donde las personas pueden informarse sobre el estado de la calidad del aire y las emisiones de las mega fuentes reguladas en el plan accediendo a la página www. airecqp.mma.gob.cl.

Asimismo, existe una delegación de la Superintendencia del Medio Ambiente de manera exclusiva y permanente en el territorio para fiscalizar a las empresas del sector, lo que contrasta con lo manifestado por los habitantes.