El ex fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, volvió a las apariciones públicas, en el marco del estallido social.

El abogado recibió un poder de representación, para alegar por el Gobierno Regional de Valparaíso, en el marco de causas que persiguen las responsabilidades penales en los hechos ocurridos en estos días.

Él alegó en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para un caso muy particular, ya que, durante la huelga general del 12 de noviembre, Brenda Vargas fue detenida por Policía de Investigaciones en manifestaciones que se estaban desarrollando en la ciudad de Los Andes.

Su familia acusa que se le está imputando un delito que no le corresponde y que por ahora tienen a la joven con la medida cautelar de prisión preventiva según lo que dure la investigación por parte del Ministerio Público.
En la audiencia de formalización, la jueza Valeria Crosa del Juzgado de Garantía de Los Andes determinó que Brenda Vargas es responsable del delito de robo con intimidación, por lo que en el plazo de dos meses la imputada deberá estar en el Recinto Penitenciario de Quillota. Esta es la decisión que se busca revocar por parte de la Defensoría Penal Pública, a través de un recurso de apelación en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Dentro de los argumentos de la apelación, se encuentran que la acusada no habría ejercido coacción sobre determinados sujetos que se pueda equipar a violencia y amenazas serias, como defiende el Ministerio Público.
Asimismo, la Fiscalía aportó con videos e imágenes que serían prueba para determinar la participación de Brenda Vargas en el robo con intimidación. En el documento del recurso de apelación, la Defensoría Penal Pública señala que “las imágenes no se condicen con el único relato del testigo presencial” y por lo mismo se solita al tribunal de alzada porteño que “enmiende con arreglo a derecho y justicia la resolución recurrida”.
En conversación con RVL Noticias, Carla Vargas, hermana de la imputada, cuestionó la determinación del Juzgado de Garantía de Los Andes. La joven aseguró que lo que se le imputa esto no se relaciona con el comportamiento de su hermana.

De esta forma, la Intendencia de la región a través de los abogados Caterina Valdevenito, Lizandro Godoy y el ex fiscal regional Pablo Gómez, quien dejó su cargo en el Ministerio Público y luego de unos meses se reincorporó a la actividad de ejercicio de la abogacía, actuaron en forma conjunta como parte querellante.
Carla Vargas afirmó que se trata de una situación injusta, ya que trata de criminalizar el movimiento y además, con estas acciones por parte de los tribunales se busca disuadir la movilización.

Si bien su familia señaló que afortunadamente Brenda Vargas no sufrió lesiones físicas posteriores a su detención, hay una “violencia sistemática” al tratar de imputarle responsabilidades que no le corresponden. Por lo mismo esperan que la Corte acoja el recurso de apelación de Catherine Ríos, abogada de la Defensoría Penal Pública, y que la acusada pueda seguir el procedimiento de la investigación en libertad condicional.
Pablo Gómez vuelve a una aparición pública, luego de haber dejado el cargo de fiscal regional de Valparaíso a fines del 2018. Su liderazgo en el Ministerio Público fue por ocho años, no exento de polémicas, ya que a poco de su nominación, se le cuestionó su nominación al ser esposo de la entonces ministra de Justicia, Patricia Pérez, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.
Luego su labor estuvo marcada por la investigación de los casos Marín Orrego, en el cual hubo diversos acuerdos con imputados; el caso SQM, en el cual se criticó el manejo para resolver los proceso y las penas a perseguir.