Los recursos se motivan en el hecho que Carabineros ha negado la entrega de salvoconductos a las observadoras; además de negar información sobre detenciones y por un caso de torturas.

Las primeras presentaciones se motivan por el accionar de la autoridades al impedir las labores de las observadoras, que permitirían auxiliar a personas detenidas o abusadas por acción de uniformados.

La abogada Angela Peralta denuncia que han existido diversos casos de fracturas y lesiones graves, amenazas y abusos de connotación sexual, además de amenazas con armas.

Peralta señaló que es ilegítimo que no se entreguen listas de detenidos ni acceso a las observadoras.

La Asociación de Abogadas Feministas de Chile hizo también una presentación judicial, en este caso un recurso de protección, ya que se han negado informaciones por parte de las autoridades uniformadas acerca de antecedentes sobre las detenciones efectuadas en el estado de emergencia.

Constanza Montecinos, directora regional del organismo en Valparaíso, señaló una denuncia en línea con lo anterior, ya que en las diversas comisarías no se entregan salvoconductos y antecedentes sobre detenciones, aún sabiendo que hay personas se encuentran en dicha condición.

El recurso se presenta contra la primera, segunda y tercera comisaría de Valparaíso, aunque señalan que esto es algo generalizado, ya que se da en Viña Del Mar, Quilpué Villa Alemana y Limache.

Milca Galea, es madre de un joven de 20 años que fue detenido por Carabineros en Valparaíso, él fue llevado a una comisaría y golpeado duramente por la policía y terminó con graves lesiones, lo que lo tienen todavía con exámenes.

Milca Galea denunció que los uniformados estarían plenamente conscientes de lo ocurrido y no le han dado una respuesta haciéndose cargo del caso.

Del mismo modo, ha existido preocupación por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que los uniformados igualmente habrían cometido abusos contra personas menores de edad.

Nicol Martínez abogada de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Valparaíso, señala que tiene antecedentes que acreditan irregularidades y vejámenes cometidos por agentes del Estado.

La abogada señaló que cuenta con antecedentes de más de 50 casos cometidos de abusos a personas menores de edad, los cuales se entregarán a la Justicia.

La acción pone en cuestionamiento la labor de seguridad pública, ejercida por parte del jefe de la defensa nacional, C.A. Juan Andrés De La Maza, contra quien ya se presentó un recurso de amparo. Las defensoras de Derechos Humanos recalcaron la necesidad de levantar el estado de emergencia y desmilitarizar las ciudades.