Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazara la demanda interpuesta por la filial colombiana ISA Interchile contra el Ministerio de Energía, la empresa volvió a intentar revertir la decisión del gobierno.

Esto tiene que ver con el cobro de una boleta de garantía por más de US$ 2,6 millones, esta vez recurriendo a la Corte Suprema.
Este cobro se produjo en marzo de este año porque Interchile habría incumplido la fecha de entrada en operación del segundo tramo de la carretera eléctrica Cardones- Polpaico, la que se encuentra entre las regiones de Coquimbo y Atacama.
Si bien se trata de un hecho que pone en disputa al Ministerio de Energía con la filial colombiana, el secretario regional de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, solo manifestó que la empresa está en todo su derecho de recurrir a la Corte Suprema.

La compañía había acusado al Ministerio de realizar un “acto ilegal y arbitrario” con el cobro de la boleta, pero esto no fue acogido por la Corte de Apelaciones. De esta forma, en el documento presentado por el abogado Pedro Gutiérrez se argumenta que el tribunal de alzada omitió un decreto que acogía la ampliación del plazo solicitado para la ejecución del hito 5, trámite que todavía no había concluido por parte de la Contraloría General de la República.
Al respecto, el director de la Comunidad Agrícola La Dormida en Olmué, Mario Aravena, manifestó que esperaban que la empresa realizara esta intervención en la Corte Suprema, ya que no quieren reconocer que la ineficiencia en las obras ha sido únicamente por su responsabilidad.
Aravena comentó que la empresa está buscando todas las alternativas legales para responder a los organismos fiscalizadores de su país, considerando las altas inversiones que se hacen en esta carretera eléctrica, y por lo tanto deben señalar por qué de las multas que han recibido.

Si bien la comunidad Agrícola La Dormida ha manifestado su rechazo al gobierno por ser cómplice de la iniciativa, esperan que el Ministerio actué como debería y cobre las dos boletas restantes. Sin embargo, el gobierno no ha tomado una postura concreta y han señalado que deberán esperar la respuesta de la Corte Suprema.