El 9º Juzgado de Garantía de Santiago decretó arraigo nacional para el ex senador Carlos Ominami en la audiencia de formalización por delitos tributarios en el financiamiento de campañas políticas, al facilitar facturas ideológicamente falsas.
Presidió la audiencia la jueza Ema Tapia y a la instancia también se debió presentar Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, a quien se le imputa por incorporar en contabilidad de esa empresa ocho facturas ideológicamente falsas, por un monto de $178 millones de pesos.
La Fiscalía detalló los montos de las facturas falsas emitidas entre 2010 y 2011, que ocasionaron un perjuicio fiscal por 75 millones de pesos, y acusa a Patricio Contesse de realizar maniobras para aumentar créditos IVA ocasionando un perjuicio fiscal por 28,5 millones de pesos.
El fiscal regional de Valparaíso y encargado de la causa, Pablo Gómez, se refirió a la audiencia de formalización.
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En tanto, el defensor de Carlos Ominami, Pelayo Vial, aseguró que Milton Lee, ex tesorero del Partido Socialista, se desempeñó como administrador electoral del ex senador en 2009 y que "será el señor Milton Lee quien tendrá que dar cuenta de ese dinero", agregando que el ex parlamentario no estaba al tanto de cómo se emitían las facturas de la empresa Alerce, vinculada a Lee.
Vial responsabiliza a Lee por la emisión de boletas fraudulentas a SQM. "Las facturas son entre dos personas y no hay ningún antecedente para acreditar que mi representado se coludió con SQM. Esas facturas eran hechas entre la empresa Alerce y SQM", asegura el abogado.
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El abogado defensor dice que "no hay conexión alguna entre los $150 millones y el señor Carlos Ominami". Además, señala que el ex senador pidió dineros a Alerce y que no podía saber la forma en que operaba Patricio Contesse.
Así, el abogado de Carlos Ominami asegura que dineros de las facturas pagadas por SQM no fueron a dar al patrimonio personal del ex senador.
Finalmente la jueza Ema Tapia decretó arraigo nacional para Carlos Ominami, señalando que los antecedentes justifican la existencia del delito.
El ex parlamentario pidió la palabra en la audiencia y aunque en primera instancia la jueza Tapia lo autorizó a hablar, no pudo hacerlo de manera normal ante las objeciones de la parte acusatoria. Este es el registro de su accidentada intervención:
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